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Las restricciones de horarios y aforos son cosa del pasado. En concreto, este domingo se cumplirá un mes desde que se eliminaron ambas limitaciones y los establecimientos hosteleros pueden abrir al público con relativa normalidad. Relativa porque aún hay una restricción vigente: la mascarilla en ... interiores cuando no se está consumiendo. Pero con el regreso de las aperturas hasta la madrugada ha vuelto uno de los mayores enemigos de los vecinos de las zonas de ocio nocturno: el ruido. La semana pasada, Reyes González del Río, que vive en el Río de la Pila, afirmaba a El Diario Montañés que el toque de queda fue una etapa «feliz» y que, desde que terminó, el barullo bajo su ventana vuelve a ser constante. Muchos vecinos sufren esta misma situación, pero no se refleja en las denuncias: en el último mes, sólo se han emitido doce y más de la mitad corresponden con la noche de Halloween.
Según datos de la Policía Local, en el puente de Todos los Santos hubo siete denuncias y durante los dos últimos fines de semana se detectaron otras cuatro infracciones relativas a ruidos en establecimientos hosteleros. La denuncia que completa las doce se produjo entre semana. ¿Son pocas denuncias para lo que se vive cada fin de semana en zonas como Cañadío o el Río de la Pila? Según apuntan fuentes policiales, los agentes acuden allí donde reciben una llamada: «Normalmente, quien da el aviso de que la música de un local está muy alta es el vecino que vive justo encima».
Tras atender la llamada, se desplazan a la dirección facilitada por el vecino y allí comprueban si efectivamente la música o las voces de los clientes suenan más alto de lo que deberían. Si es así, emiten una denuncia y hacen una propuesta de sanción que después se gestiona en el Negociado de Policía del Ayuntamiento. Otra manera de proceder, sin avisos de por medio, es que los agentes se topen durante el servicio con un local que tiene la música muy alta. En ese caso, actúan directamente «aunque no suele ser el mecanismo habitual», reconocen fuentes policiales.
La sanción puede ser más o menos grave en función de parámetros como la intencionalidad o la reincidencia y va desde los 600 a los 30.000 euros. El concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda, defiende las actuaciones de los agentes y afirma que «en cualquier ciudad con concentración de ocio nocturno tiene que haber presencia policial. Somos conscientes de los malos momentos que ha pasado la hostelería, pero la Policía Local está para velar por el cumplimiento de las normas». No coinciden con esta valoración los vecinos y muchos lamentan que, cuando llaman al 092, en numerosas ocasiones los agentes no acuden tras asegurarles que «hay una patrulla para toda la ciudad».
El Tribunal de Cuentas requirió a finales de agosto que el Ayuntamiento de Santander elaborase planes de acción para reducir los decibelios en las áreas más ruidosas de la ciudad y que instalase puntos de medición del ruido para recabar datos, evaluar la contaminación acústica y poner en marcha protocolos de actuación para solucionarlo. Respecto al cumplimiento de estas directrices, fuentes municipales aseguran que «ya se está avanzando en ello», aunque se desconocen los plazos que manejan.
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