La sombra de la moción de censura crispa la recta final de la legislatura

Aunque la posibilidad de que se produzca una moción de censura en la ciudad es la polémica más reciente, no es la única guerra abierta en Santander. La situación de las basuras genera conflictos más allá de la comisión de investigación fallida. Con una empresa saliente que acumula incumplimientos y un contrato de emergencia sin fecha de caducidad, el estado de este servicio público tensiona la legislatura prácticamente desde su inicio y a menos de un año de que acabe. Eso, sumado a que gran parte de los contenedores subterráneos -los de residuos no reciclables- siguen fuera de servicio varios meses después del inicio de la auditoría llamada a resolver las causas de su mal estado.

El otro gran contrato de Santander que sigue sin resolverse es el de Parques y Jardines. La empresa que actualmente gestiona las tareas agotó su contrato hace cuatro años y a pesar de que también acumula incumplimientos sigue realizando los trabajos hasta que se adjudiquen a la nueva empresa. Aunque en este caso hay más avances y la licitación ya ha alcanzado la segunda fase, en la que tendrá que elegir entre nueve candidatas.

La mala relación entre los socios de gobierno no ayuda a rebajar tensiones. Las pullitas de Javier Ceruti (Cs) a la alcaldesa Gema Igual (PP) son constantes, sobre todo cuando, cada martes, anuncia los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de la semana. Aunque la Portavocía del equipo de gobierno recae sobre el naranja, cada vez son menos los proyectos que anuncia antes que el PP. «En otro punto ya adelantado a la prensa...», repite con retintín al leer uno tras otro. Esto se suma a que varios apartados del pacto siguen sin cumplirse y a sus posiciones opuestas en muchos de los debates que cada mes llegan al Pleno municipal.

Además, el PP tampoco cuenta ya con el apoyo que otras veces le ha dado Vox. En 2020 y 2021, su portavoz, Guillermo Pérez-Cosío, fue fundamental para sacar adelante los Presupuestos. Como PP y Cs gobiernan en minoría -13 de los 27 concejales que hay en total-, necesitan todos los años, al menos, un voto que les permita dar luz verde a las Cuentas. Pero en 2022 perdieron ese apoyo y la razón fue, precisamente, el asunto que hoy está en el candelero: la comisión de investigación. A principios de este año, el de Vox dejó claro que no se sentaría a negociar con el equipo de gobierno mientras no retirasen el recurso contencioso-administrativo que presentaron tras el acuerdo plenario de diciembre para modificar el reglamento ordinario del Pleno e incluir en el texto dichas comisiones. Los populares lo denunciaron por sus defectos de forma, ya que el acuerdo no se sometió a una aprobación bifásica -inicial y definitiva- como obliga la Ley de Bases de Régimen Local.

A estas alturas del año, y con el conflicto de la comisión de investigación en su momento de mayor tensión, parece imposible que los Presupuestos finalmente se aprueben. El PP no va a retirar su recurso y la única posibilidad de retomar la negociación es que el Juzgado lo desestime. Además, los populares están actuando también por la vía administrativa, con recursos de reposición como el que a principios de esta semana presentó la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y que frenó la celebración de la primera sesión de la comisión. Y hay otro más, de César Díaz, que se resolverá a final de mes.