El Supremo pone en jaque la recaudación de impuestos de Santander desde 2003

El proceso está en un momento muy inicial, pero el propio Supremo avisa de la repercusión que tendrá su decisión. Y todo por no haber creado a tiempo un Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), un órgano que el Ministerio de Hacienda obliga a tener a las «grandes ciudades» y al que los ciudadanos pueden recurrir cuando el Consistorio tramita una multa contra ellos o les reclama el importe de un impuesto con el que, por cualquier motivo, no están de acuerdo.

La explicación técnica resulta bastante farragosa, pero el auto de apertura de procedimiento de la magistrada María Esperanza Córdoba deja entender que es la pasividad de la capital cántabra a la hora de poner en marcha este organismo lo que ha generado este conflicto de dimensiones aún inciertas.

Todo parte de un asunto anecdótico. El Ayuntamiento de Santander acordó el embargo sobre un vehículo que figuraba a nombre de una compañía de seguros. Esta empresa, alegando que el turismo no era suyo, se negó a pagar y llevó al Consistorio a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander les dio la razón y el servicio de recaudación, no contento con la decisión, quiso presentar un recurso ante el Supremo. Ahora, el Alto Tribunal ha decidido en un auto fechado el 12 de enero estudiar el fondo del asunto. Pero no sólo revisará ese episodio puntual, sino todo el sistema financiero de Santander después de comprobar que la ciudad carece de ese TEAM, al que los ciudadanos tendrían que poder reclamar de forma gratuita antes de acudir a la vía judicial.

La magistrada Córdoba envía el expediente a sus compañeros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y les pide que se pronuncien porque puede sentar jurisprudencia. Literalmente, la jueza quiere «aclarar si la falta de creación en los municipios de gran población del órgano especializado para resolver las reclamaciones económico-administrativas (...) determina la nulidad de los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal, al privar el Ayuntamiento al contribuyente del derecho a la resolución de su reclamación económico-administrativa por un órgano especializado antes de acudir a la vía judicial». Si la respuesta es 'no', nada más que decir y carpetazo al asunto. Pero si la respuesta final del Supremo cuando emita una sentencia es 'sí', las consecuencias judiciales son imprevisibles.

¿De qué depende que la moneda caiga de un lado o de otro? En un primer acercamiento al caso, Juan Enrique Varona, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Cantabria, opina que la clave puede estar en la Ley de Bases de Régimen Local que regula el funcionamiento de los ayuntamientos, y más concretamente en la reforma de la norma de 2003. Previamente, el texto ya contemplaba que los consistorios crearan este TEAM para tramitar las reclamaciones ciudadanas en asuntos como multas o impuestos, pero la modificación dio un paso más y estableció cuáles eran esos municipiosde «gran población» para los que era obligatorio, no potestativo como para el resto.

No tienen elección y tienen que crear el TEAM todas las localidades de más de 250.000 vecinos o aquellas capitales de provincia de más de 175.000. En este momento, el último padrón continuo del INE apunta que Santander cuenta con 172.221 vecinos, pero hasta 2015, antes de que se acentuara la sangría demográfica, sí estaba por encima del límite establecido por el Ministerio de Hacienda. Es decir, que el Ayuntamiento de Santander habría evitado todo este enredo legal si hubiera creado el tribunal econonómico-administrativo local en su momento.

La ciudad tenía alrededor de 184.000 censados cuando en 2003 –entonces el alcalde era el popular Gonzalo Piñeiro– el Ministerio, tras la reforma de la Ley, dio seis meses a los municipios para crear el tribunal de la polémica. Durante la mayor parte del mandato de su sucesor, Íñigo de la Serna, el Consistorio siguió incumpliendo. No ha superado los 175.000 vecinos desde que Gema Igual cogió el bastón de mando, pero si el Supremo falla en su contra será ella la que tenga que gestionar las consecuencias. Ayer, su equipo no valoró el tema y afirmó que el servicio jurídico está analizando el asunto.

En el peor escenario habría que ver la literalidad del dictamen. Varona entiende que si el Supremo sentencia que Santander incumplió la ley, todo el dinero desde 2003 se habría recaudado de forma ilegal. Legalmente tendría que devolverlo, aunque finalmente no ocurra eso, porque supondría la quiebra automática.

«En ese caso lo que acabaría diciendo el Supremo es que tendría efectos únicamente a futuro. O únicamente para aquellas reclamaciones que ya se hubieran iniciado en plazo», interpreta el experto. Una devolución total de impuestos, tasas y sanciones, además de inviable desde el punto de vista financiero, iría «en contra del principio de seguridad jurídica o de suficiencia financiera de los entes locales», dos principios que también tienen en cuenta los magistrados antes de pronunciarse.

Según los datos recabados por el periódico Expansión, Santander sería la única capital de provincia afectada por un fallo de este tipo –porque la jurisprudencia no alcanzaría solo a la ciudad, sino a todos los casos similares en el país–, pero hay otras localidades (no capitales) involucradas como Elche, Alcalá de Henares o Leganés. En este caso, por otro apartado de la Ley de Bases, el que dice que también deben tener TEAM aquellos cuya población supere los 75.000 habitantes y que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales o las capitales de provincia que alberguen organismos autonómicos.