Suspendido de nuevo el desalojo de una familia con dos menores en el barrio de Cazoña

El desalojo por parte de un fondo inmobiliario de una pareja con dos hijos menores, de dos años y nueve meses, previsto para este lunes en el barrio santanderino de Cazoña ha sido, de nuevo, suspendido.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la plataforma Stop Desahucios, que han explicado que a las 09.00 horas llegó la comisión judicial junto a dos patrullas de la Policía Nacional para proceder al desalojo.

En el lugar había una concentración convocada por la plataforma Stop Desahucios para intentar evitar el desalojo en el caso de que finalmente se fuera a llevar a cabo.

La secretaria judicial habló con un representante de la plataforma y de una persona que ejerció de portavoz de la familia y, finalmente, decidió paralizar el desahucio, algo que también ocurrió el pasado 8 de abril.

Ahora, el desahucio ha sido suspendido pero no se sabe hasta cuándo ya que, en la anterior ocasión, tardó solo unos pocos días en fijar una nueva fecha.

Stop Desahucios ha explicado que la pareja, Karen y Jonatan, se encuentra en situación de desempleo desde hace varios años y sobrevive gracias a los 650 euros del ingreso mínimo vital.

Hasta hace un año aproximadamente, Jonatan trabajaba de vez en cuando en un mercadillo, pero desde que estalló la pandemia no realiza ninguna actividad remunerada.

Desde 2018 residen en la vivienda de Cardenal Herrera Oria, adquirida en diciembre de ese año por un fondo inmobiliario y que, según Stop Desahucios, se encontraba «abandonada, en un estado deplorable, y usada por las palomas como habitáculo».

La familia, según la plataforma, se ocupó de arreglar la vivienda y hacerla habitable, y ha intentando en varias ocasiones llegar a un acuerdo con el actual titular para pagar un alquiler, con resultados infructuosos.

El abogado de la pareja presentó un nuevo recurso solicitando la suspensión, ya que, a su juicio, «cumplen a rajatabla todos los criterios» del decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, sostiene Stop Desahucios.

Además, según Stop Desahucios, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander han emitido un informe social donde comunicaban al juzgado la existencia de una «vulnerabilidad socioeconómica» clara en cinco indicadores (económico, vivienda, social, familiar y personal).