Las tres empresas del desplome de Sol recurren las multas por la vía contenciosa

Ninguno de los abogados de las tres partes acusadas ha pedido, por el momento, medidas cautelares sobre la resolución municipal al presentar el contencioso. La idea de los tres es la misma: esperar a ver a qué juzgado llegan, ya que estiman que los tres recursos, planteados por separado, se acumularán en uno solo. Cuando esto se cumpla, se verá la idoneidad de pedir al juez la suspensión del dictamen municipal, ya que los actos administrativos son ejecutivos. Según pudo saber este periódico, al menos uno de los señalados como responsables del suceso -el director de la obra- ha pagado la multa impuesta por el Ayuntamiento (de 15.000 euros).

Como es conocido, los titulares de las dos sociedades y un profesional de la tercera fueron señalados directamente por el equipo de Urbanismo al concluir que el siniestro se produjo por un exceso de obra en un antiguo local de hostelería, en el que se intervenía a toda prisa el verano pasado (según la repetida denuncia vecinal) para convertirlo en un local de copas.

El Consistorio propuso la aplicación de la mayor multa que contempla la Ley del Suelo para estos casos, de 15.000 euros a cada uno. Aunque este no será el mayor castigo económico que tendrán si el juzgado no les exime de responsabilidad, ya que los tres tendrían que reponer los bienes afectados (lo que significa restituir las cinco viviendas que hoy no existen) e indemnizar a los propietarios por los daños ocasionados.

Al tiempo, deberán responder ante la Hacienda local: de las arcas públicas han salido más de 200.000 euros entre las obras para asegurar la zona (y lo que quedó en pie del inmueble) y dar cobertura de urgencia tanto a las familias que se quedaron sin vivienda como al resto de la vecindad, ya que el inmueble tuvo que desalojarse por completo.

Los señalados, por otro lado, no podrán contratar en cuatro años con el Ayuntamiento, ni obtener ayudas o subvenciones.

Esta resolución administrativa municipal recibió el visto bueno del pleno en abril, en una tensa sesión en la que la oposición mostró su descontento al no reconocerse la falta de control municipal sobre un proyecto desarrollado a una celeridad que sorprendía a los hoy afectados, quienes habían reclamado tres veces que se paralizase la obra, si bien su última demanda llegó cuando el hundimiento parcial ya se había producido.

El resultado del expediente informativo se comunicó a los empresarios a principios de mayo, lo que les abrió dos caminos: presentar recurso de reposición (por la vía administrativa) o acudir a los tribunales. La primera vía no se utilizó y a la segunda podía acudirse hasta la primera semana de julio.

Este caso ha sido uno de los que mayores enfrentamientos políticos ha provocado en la corporación en el último año, ya que los partidos de oposición no dejaron de señalar, durante meses, la relación personal de algunos responsables municipales (y, sobre todo, del exalcalde, Íñigo de la Serna) con los socios de Dos Imanes Producciones, Guillermo Vega y Javier Ruiz Ocejo.