El TSJC condena al Ayuntamiento de Santander a pagar 9.000 euros a USO «por vulnerar su libertad sindical»

Los hechos que dieron lugar a la demanda se produjeron durante el periodo de desescalada del confinamiento por el Covid-19, cuando se negó al sindicato USO la posibilidad de participar en una reunión telemática entre la alcaldesa, Gema Igual, y el resto de fuerzas sindicales para informar sobre la crisis sanitaria.

Además, la semana siguiente, el concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda, no convocó al sindicato USO a la reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, en la que se debía tratar la reincorporación del personal y la realización de las pruebas PCR a toda la plantilla municipal.

El día que se celebró el encuentro, el concejal expulsó de la sala al delegado sindical de USO por no formar parte del comité, a pesar que éste había comunicado su intención de asistir en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que permite su asistencia a la reunión, según recoge la sentencia.

Así, el TSJC ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del Juzgado de lo Social y lo ha condenado por «la conculcación del derecho fundamental a la libertad sindical y declarando la nulidad radical de la conducta llevada a cabo».

De este modo, impone al Consistorio pagar una indemnización de 6.000 euros al sindicato y de 3.000 euros al delegado sindical por daños morales, que USO pide que sea abonada «de manera personal, para que no recaiga sobre los bolsillos de los santanderinos».

En un comunicado, USO recuerda que «no es la primera vez» que el Ayuntamiento santanderino es condenado por vulneración de derechos fundamentales, ya que el año pasado el TSJC le condenó en dos ocasiones consecutivas, de nuevo por la exclusión de Nalda a otro sindicato de una mesa de negociación.

Para USO, lo «novedoso» es que por primera vez el Consistorio sea sancionado económicamente con 9.000 euros por su «comportamiento antijurídico», según se recoge en la sentencia, y más aún que se condene a una Administración pública a pagar una indemnización por daños morales a un sindicalista, por lo que considera que se trata de una sentencia «pionera» que ya es firme.

Además, destaca que el edil ha tropezado «muchas veces con la misma piedra» y «lejos de dimitir, se aferra a su sillón en una huida hacia adelante con la complicidad del equipo de Gobierno (PP-Ciudadanos)«. Por ello, pide a la alcaldesa que exija la dimisión de Nalda «por mostrar un absoluto desprecio a la legislación española» tras tres sentencias que indican que se han vulnerado derechos fundamentales.