El TSJC respalda que el Ayuntamiento no adjudicara a Ascán el contrato de emergencia de basuras

El fallo judicial, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, explica que, tras la resolución contractual, la empresa tenía la obligación, no el derecho, de seguir prestando el servicio, decisión que debía tomar el Ayuntamiento. Y es que, añade, el contrato suscrito por ambas partes dice que «en el supuesto de denuncia o resolución del contrato, el contratista tiene la obligación de continuar con la prestación del servicio hasta la puesta en funcionamiento por el nuevo adjudicatario, por razones de interés público». Aunque, «no estamos ante un derecho de la recurrente que se haya podido ver lesionado, sino ante una obligación que el contrato impone a la actora cuando se resuelve el contrato. Obligación que la Administración puede no imponer a la recurrente, máxime con las circunstancias existentes entre ambas». Sobre el fallo de la Sala del TSJC solo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ya en diciembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, dio la razón al Ayuntamiento al señalar que «la adjudicación por emergencia para nombrar a un responsable del contrato externo estaba debidamente motivada ante el riesgo de no poder realizarse la prestación del servicio de basuras (de carácter esencial) sin el correspondiente control por parte de la Administración pública».

Esta sentencia se conoce solo una semana después de que se hiciera público el fin de la batalla judicial entre el Ayuntamiento y Ascán en lo que respecta a las sanciones que efectuó el primero ante los supuestos incumplimientos del segundo antes de rescindir el contrato e iniciar otro de emergencia. El municipio decidió sancionar a la adjudicataria por la falta de personal y la ausencia de inversión para mejorar la maquinaria. Las sanciones implicaron aplicar descuentos en 16 facturas del contrato. Esta batalla judicial ha pasado por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y el Ayuntamiento lo llevó también al Supremo, donde ha decidido parar.

La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada no continuar con los recursos pendientes ante el Tribunal Supremo tras conocerse la inadmisión del primero de ellos. Así, según la empresa, el Consistorio deberá abonarles casi 3.200.000 euros, además de pagar las costas del proceso judicial.