Unidas por Santander enmienda la totalidad del presupuesto para 2020

Así lo ha señalado el edil de la coalición de izquierdas (IU, Podemos, Santander Sí Puede y Equo) este miércoles en una rueda de prensa en la que ha indicado que Unidas por Santander quiere que «se devuelva el presupuesto» y el equipo de Gobierno diseñe uno «creíble» porque el que han puesto encima de la mesa «no se va a cumplir».

Respecto a los capítulos de ingresos, Saro ha criticado que continúan sin implementarse políticas de «progresividad» según la renta en los impuestos, las tasas y los precios públicos y Santander tendrá de nuevo una «presión fiscal por habitante muy elevada» en 2020, en concreto de «770,27 euros».

En este sentido, ha lamentado que esa presión fiscal en la capital cántabra es «mayor» que la de otras ciudades de nuestro en entorno con población y condiciones similares como Gijón (507 euros), Oviedo (657), A Coruña (642) o Logroño (647).

Así, el concejal de UxS ha manifestado que el PP, ahora en coalición con Cs, establece «poca solidaridad y progresividad» en materia impositiva, y en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), uno de los que genera más recaudación, solo se baja el tipo impositivo.

En cuanto a los gastos, ha denunciado que Santander pagará a las empresas concesionarias de los servicios municipales externalizados «un total de 54 millones de euros» en 2020 aunque «los santanderinos pagarán unos 79», ya que la empresa Aqualia, además de cobrar por el contrato, también recaudará más de 15 millones de euros por tasas.

En este punto, ha criticado la «falta de control» de estos servicios que «ni se fiscalizan ni se controlan» lo que ha llevado a que actualmente haya expedientes abierto por irregularidades o incumplimientos de los pliegos de condiciones.

Ha señalado que hay abierto un expediente a Aqualia por haber obtenido entre 2012 y 2015 unos 12 millones de euros más de lo previsto y ha criticado que este expediente «lleva abierto más de un año y sigue sin resolverse».

En el caso de Parques y Jardines, Saro ha recordado que el servicio de Intervención ha detectado que no se estaban cumpliendo las condiciones del contrato y, en Recogida de Basuras y Limpieza Viaria, la concesionaria va a ser investigada también por ello aunque ha lamentado que no se haya hecho antes cuando los vecinos llevan muchos tiempo denunciándolo públicamente.

Tras denunciar la «bajísima» ejecución del presupuesto año tras año, ya que «solo se cumple en el pago de deuda y de los contratos a empresas concesionarias», Saro ha indicado que, en los capítulos de gastos, el equipo de Gobierno ha eliminado los presupuestos participativos.

«Hace cuatro años tuvieron la idea, ellos pensaban que feliz, de introducir una partida de presupuestos participativos, pero se han ido acumulando en los últimos ejercicios y de todo no se ha ejecutado ni el 15%», ha criticado Saro, que cree que se debe a que «ni ellos saben cómo funcionan».

Por ello, aunque cree que se merma la ya escasa participación vecinal en la elaboración de los presupuestos y la definición de necesidades, ha considerado que PP-Cs han tenido «la prudencia» de eliminar esa partida. «Esto viene a ser un reconocimiento de hecho y de derecho de la inutilidad de los presupuestos participativos tal y como los había diseñado el PP», ha añadido.