La Universidad renuncia a un contrato municipal porque no le resulta rentable

El martes, la Junta de Gobierno Local autorizó la cesión del contrato entre la Fundación Leonardo Torres Quevedo –la entidad asociada a la UC que empezó con este análisis– y la consultora privada. El contrato en cuestión se otorgó por 150.000 euros (IVA incluido)y consiste, básicamente, en hacer un repaso minucioso de la calidad del servicio que reciben los santanderinos por el macrocontrato que le fue adjudicado a Ascán-Geaser en 2013 por diez años. En una década, la empresa ingresa 159 millones de euros por mantener en perfecto estado de revista la capital, lo que significa que recibe casi 16 millones de euros al año. Es el servicio más importante, en términos económicos, de Santander.

Las numerosas quejas ciudadanas llevaron al Ayuntamiento en 2017 a plantearse la supervisión del servicio que se realiza efectivamente, si bien el concejal del área, José Ignacio Quirós, ha reconocido en alguna ocasión que el pliego de condiciones de limpieza que debe cumplir la adjudicataria se había rebajado respecto al precedente, ya que también se rebajó en tres millones de euros la cuantía del contrato.

En su día, al Consistorio le satisfizo poder emplear a los investigadores de la UC toda vez que la marca 'universidad' le daba «un plus de imparcialidad» a los informes a ejecutar, que tendrían que entregarse cada seis meses.

Un año después, la fundación dependiente de la UC ha resuelto que la oferta económica con la que se presentó al concurso le daba unos «márgenes económicos muy pequeños y se ha llegado a la conclusión de que no era rentable mantener el convenio. A veces se reenfocan las cargas de trabajo de los grupos de investigación y algún proyecto deja de ser viable. Es una causa técnica», alegaron desde la entidad.

El acuerdo establecía que los investigadores del equipo del Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente (que llevaban a cabo la investigación) tendrían que supervisar la calidad de la gestión, la infraestructura de la prestadora del servicio, los materiales empleados, los barridos de las calles, la retirada de los residuos sólidos urbanos, el personal con que cuenta la adjudicataria y si se estaba cumpliendo el pliego de condiciones puestas por el Ayuntamiento en toda su letra pequeña.

También se había pedido la comprobación de la plataforma en internet de la empresa desde donde se vigila la calidad del servicio, los contenedores y los camiones con el fin de determinar si el sistema está siendo adecuado para las necesidades de Santander.

Por otra parte, se realizaría un análisis detallado de la limpieza de las calles, las papeleras, los alcorques, el estado de los contenedores de basura, las alcantarillas y si las medidas de desratización que se aplican en la ciudad están siendo efectivas. Otro capítulo son las playas, en las que habría que estudiar si los recursos de mantenimiento que se les están destinando están siendo suficientes.

El sistema desarrollado por los expertos de la UC garantizaba un control semana por semana de todo el servicio y los datos que se obtuvieran serían analizados y puestos a disposición de la empresa y del propio Ayuntamiento. En teoría, a la primera se le iba a exigir la corrección de los errores y el segundo, que es quien contrata uno de los servicios más importantes para la ciudad, iba a tener información directa del nivel de cumplimiento del contrato.

A día de hoy, el equipo de gobierno local no ha dado nunca a conocer públicamente la información que ha recibido de los investigadores de la Universidad. Y eso, a pesar de que las protestas han sido continuas y altisonantes en algunos puntos de la ciudad. Quirós ha respondido con más vigilancia policial y con más multas por incumplimientos de los ciudadanos.