Los usuarios gestionarán Marina del Cantábrico tras quebrar la concesionaria

El Consejo de Administración del Puerto de Santander, propietario de los terrenos, aprobará inicialmente en su reunión de mañana (12.00 horas) la propuesta realizada por la administración concursal que se hizo cargo del proceso cuando Marina del Santander S.A. se declaró en concurso voluntario de acreedores. «Si no hubiéramos encontrado esta fórmula, habrían decaído también los derechos de amarre de los usuarios», apunta Francisco Martín, presidente de la Autoridad Portuaria, que desde su llegada a la institución este invierno ha venido trabajando en la resolución de este largo conflicto. El exconsejero de Industria valoró ayer el esfuerzo del administrador concursal, que se ha encargado de analizar las distintas ofertas presentadas y ha optado por la que considera más satisfactoria para las partes en un proceso «abierto y transparente».

Este sistema de traspaso de los derechos de gestión del puerto deportivo de la concesionaria actual a los propios usuarios se basa en uno de lo artículos introducidos en la última reforma de la Ley de Puertos. La norma nacional contempla actuaciones de este tipo para situaciones como la vivida en Raos. De esta forma, no sólo se da garantías a los 880 amarristas de la instalación, también a los usuarios -no son propietarios- de las viviendas ubicadas en este espacio y a quienes explotan las naves comerciales.

Con la quiebra y expulsión de la empresa Marina de Santander S.A. del puerto Marina del Cantábrico también desaparecen las ya escasas esperanzas que tenía la APS de cobrar la deuda que había acumulado la concesionaria en los últimos años: entre ocho y diez millones de euros. Ni en el mejor de los casos el dinero que aportará la comunidad de usuarios, constituido ahora en Club Deportivo a modo de cooperativa, se acercará a la cifra pendiente de pago. Adquieren los derechos, pero no la deuda de su antecesor, que desaparece.

De hecho, el organismo ya aprovisionó en 2018 un importe similar ante el riesgo evidente de no cobrar. Desde hace años, la auditoría de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria, emitida por la Contabilidad General del Estado, revela una serie de desfases presupuestarios, principalmente motivados por la falta del 100% de los ingresos que debería aportar Marina de Santander por las tasas impagadas. Un largo litigio entre ambas entidades, con los adjudicatarios de los atraques deportivos en medio, que ha generado un déficit anual en concepto de tasas, recargos de apremio e intereses de demora, alrededor de 800.000 euros por ejercicio.

«Esta era la mejor opción posible y con ella se pone fin a una larga historia de desencuentros», insiste Martín, que entiende que el hecho de que los propios usuarios se hagan cargo de la gestión de la infraestructura es la mejor garantía de que se defenderá «el interés público» y el de aquellos que pagan su tasa para hacer uso del puerto deportivo.

El presidente de la APS concluye que la hipotética entrada a Marina del Cantábrico, cuya construcción se inició en 1977, de una de las empresas que quería sacar un rendimiento económico habría sido igual de lícita siempre que se hubiera hecho con una correcta gestión, no como hasta ahora. En cualquier caso, la opción elegida permitirá una comunicación más directa, sin intermediarios, con los usuarios del puerto de Raos.