«Los vecinos de Las Acacias no hemos cobrado ni un euro pese a la sentencia»

Hablan así dos de los afectados por la construcción de una urbanización de nombre idílico levantada hace 30 años en Peñacastillo, en el barrio de San Martín del Pino, que pronto se convirtió en una pesadilla, al extremo de que los vecinos ven como «maldito el día» en que compraron a la constructora López Pablo un piso allí. «Estamos muy quemados. Estos años han sido devastadores. Te compras una casa que supones que es para toda la vida y lo único que hemos tenido ha sido un problema para toda la vida y saber que, al final, nos quedaremos sin ella».

El conflicto de 'Las Acacias' llenó páginas de periódico en los años 90. Una colonia de 23 portales repartidos en varios bloques de pisos a la que llegaron 320 familias. Las administraciones dieron la cédula de habitabilidad a las viviendas en 1992 y apenas dos años después, en 1994 ya se presentó una demanda contra la empresa que ejecutó el proyecto: algunos inmuebles se inclinaban, al extremo de que uno de ellos tuvo que ser desalojado y hoy en día permanece en pie, deshabitado, sirviendo de nido a palomas y ratas.

El motivo de la inclinación fue que los edificios se levantaron sobre una vaguada en la que no se hicieron bien los rellenos del terreno. Tampoco se les dejó asentarse el tiempo suficiente y no se compactaron. Los informes técnicos dijeron que, además, la constructora optó por usar losa de hormigón en lugar de un sistema de pilotaje, que hubiera sido más adecuado, relatan los vecinos.

'Las Acacias' vuelve a primera línea informativa ahora que el Consistorio santanderino está terminado un vial que se proyectó hace 30 años y que, debido a todas las dificultades que vivió la colonia, se quedó durmiendo el sueño de los justos. Ahora está en ejecución, pero hay residentes en la zona que quieren que se dé al César lo que es del César: si el municipio ha puesto manos a la obra es porque el propio Defensor del Pueblo habló de 'dejadez de funciones' de la Administración local al conocer este caso y porque un grupo de vecinos hizo llegar a la alcaldesa Gema Igual un escrito de todos los presidentes de comunidad, avalado por 1.000 firmas de vecinos, reclamando que se ejecutara la carretera.

Este es solo el último capítulo de una larga agonía en torno a la urbanización que arrancó cuando la gente entró a vivir en los pisos y empezó a sufrir las consecuencias del defecto de construcción. Según el relato de miembros de una comisión vecinal que está activa ahora, ese primer proceso en los juzgados se prolongó durante 10 años y concluyó con el Supremo condenando a la empresa a hacerse responsable de las consecuencias económicas de unos edificios con un defecto fundamental.

Pero López Pablo presentó concurso de acreedores y declaró que le era imposible asumir la cantidad de millones que establecía la sentencia. «La empresa lo incumplió todo. Jamás hizo frente a las obligaciones. Cuando llegó al Ayuntamiento Íñigo de la Serna, se comprometió con una solución dentro de los términos legales, pero nos dijo que había que esperar al nuevo Plan General de Ordenación Urbana para darnos una salida».

La solución consistiría en una permuta. Dado que la urbanización tenía espacio libre cerca, se acordó volver a construir los edificios en ese terreno, en el que también irían viviendas de promoción pública para que los números cuadrasen. Todo parecía encarrilado. Pero en 2016 llegó la anulación del PGOU de 2012 (que era el que daba cobertura legal a esta operación) y el hilo de optimismo que restaba se rompió.

«Las viviendas siguen inclinándose unos milímetros al año», explican los afectados, que no quieren entrar en más detalles. En unos años, quizá, Santander verá cómo los propietarios de algún otro bloque se ven obligados a hacer las maletas para irse de su casa. Pero nadie cuenta del todo la historia. Si se difunde lo que hay, todos salen perjudicados porque bajan los precios de las viviendas.