Vecinos de La Maruca critican «el destrozo» que causa la extracción ilegal de caloca

«Son los de la caloca. Entran aquí con los tractores y se llevan todo por delante. Les da igual todo», reprocha este vecino, que prefiere permanecer en el anonimato. Hay profesionales del sector que cuentan con permiso para la extracción, y que respetan las maneras de hacer, pero en los últimos tiempos ha crecido el furtivismo, que tiene menos cuidado por el medio. El resultado, instantáneas como las que acompañan a esta información, donde el suelo ha adquirido la forma de las ruedas de los vehículos pesados. «Se forman charcos, resbala, está hasta peligroso para andar porque te caes con facilidad y puedes darte un buen golpe», cuenta una pareja que también conoce esos paseos.

La situación se repite varias veces al año, cuando llega la temporada de extracción de la caloca y los tractores acceden a las zonas acantiladas y playas. Es algo que desde hace tiempo se ha tratado en el seno de la Asociación Costa Quebrada, pero según los expertos, tiene difícil solución. «No solo se trata del daño paisajístico y el trastorno que supone para el tránsito de las personas, sino que constituye también un problema medioambiental porque hay especies vegetales propias de acantilado que están protegidas y que terminan muy dañadas con estas acciones», explica Javier Álvaro, responsable de educación de este colectivo.

Legalmente, los vehículos rodados no pueden acceder a la playa; pero lo hacen. Entran por caminos embarrados y remueven la tierra, arrasan la vegetación y destrozan los accesos. «En las reuniones que tenemos en la asociación se han sentado con frecuencia profesionales de este sector dedicado a la extracción de las algas. Gente que lo ejerce de forma legal, y también protesta porque hay otra gente que lo hace sin permiso y mal; pero de momento no se ha conseguido reconducir la situación», insiste Javier Álvaro, que opina que desde el Geoparque se está trabajando para mediar en el asunto, «aunque tampoco somos nosotros los que tenemos la solución».

Es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aumentar la vigilancia y los controles sobre una actividad que parece campar a sus anchas por esta zona protegida sin perjuicio del daño que pueda causar al medio ambiente y eso pese a que cierto impacto humano sobre la zona es inevitable. «No podemos omitir tampoco que el uso humano tiene que buscar la manera para poder conjugarse con la conservación», defiende Viola Bruschi, directora científica del geoparque. «Lo que se debe hacer es procurar mantener una actividad reglada, legal, y que respete en la medida de lo posible el entorno natural».

Desde el Ayuntamiento de Santander se insiste en que, «hasta el momento», está haciéndose cargo de las reparaciones necesarias en la zona. Sin embargo, anuncia que «se está trabajando en fórmulas para que estos desperfectos no repercutan en el bolsillo de los santanderinos, ya que la regulación de esta actividad depende de la Dirección General de Pesca y de Costas».