Los vecinos de Monte y Cueto urgen soluciones para los robos que llevan sufriendo un año

Más allá de la parte material –parece que los ladrones «van a por joyas y dinero», indican los afectados– en el barrio reclaman ayuda para dejar de vivir en un estado de alerta permanente: «Me siento muy insegura», cuenta María Ruiz, residente en el barrio de la capital cántabra. A pesar del susto, reconoce que lo ocurrido ya no le sorprende porque en las últimas semanas se ha acentuado una situación que afecta al barrio «desde hace más de un año», añade. Recuerda como hace doce meses robaron a un vecino suyo. Y como a él, le ocurrió a otros tantos con los que comparte urbanización. «Conozco siete u ocho casos», aclara, y algunos de ellos incluso han sido víctimas de los robos en varias ocasiones.

Ante la falta de soluciones, los vecinos han adoptado sus propias medidas porque están «muy preocupados». Hay quien ya ha instalado alarmas o cámaras de seguridad para tratar de protegerse. Pero eso no elimina la «desconfianza» del día a día porque ahora «ya sospechas de todo el mundo», señala María. Sobre todo en un barrio en el que «nos conocemos todos», así que cualquier movimiento que pueda salirse de la rutina, se convierte en motivo de sospecha. Y eso genera una sensación de alarma constante.

En el barrio echan en falta más policía aunque sí admiten que su presencia se notó tras la última oleada de robos que hubo en noviembre. Pero en las calles del barrio también es necesaria «más luz porque no hay farolas», subraya la vecina. Un problema que acentúa el ambiente de inseguridad y juega en contra de intentar frenar los sucesos y localizar a sus autores: «Les viene bien robar aquí», dice.

Aunque los vecinos reclaman que el problema viene desde hace más de doce meses, la concentración de incidentes registrada hizo saltar las alarmas a finales de octubre. Tanto que –a pesar de los choques que han protagonizado en varias ocasiones– la delegada del Gobierno (PSOE) y la regidora santanderina (PP) aparcaron sus diferencias y convocaron la Junta de Seguridad Local para buscar la forma de atajar el asunto. Tras ese encuentro del pasado 14 de noviembre, ambas mostraron su disposición de colaborar. Así, Policía Nacional (dependiente de la Delegación del Gobierno) y Policía Local (competencia municipal) acordaron trabajar de forma conjunta en las investigaciones. Una paz que, al menos entre las representantes, parece haber durado poco más de tres semanas. Porque este lunes volvieron los reproches. Al menos las exigencias de una y la respuesta de otra. Eso sí, a través de notas de prensa.

Primero fue la alcaldesa. Tras una conversación que mantuvieron por la mañana, Igual señaló que, una vez más, había exigido a Quiñones «más vigilancia» y refuerzo de efectivos de la Policía Nacional. «La seguridad de los santanderinos es primordial», insistió la alcaldesa. Y la tarea corresponde a la Delegación que es la entidad «competente en seguridad ciudadana». Al menos en el mensaje lanzado a Quiñones, también quedó hueco para dejar claro que la colaboración acordada a mediados de noviembre continúa en pie en lo que se refiere a los efectivos municipales: «El Consistorio siempre ofrece la coordinación y colaboración de la Policía Local para ganar eficacia». Una función que los agentes han cumplido a lo largo de estas semanas. No obstante, «no pueden asumir competencias de otro Cuerpo», sentencia la alcaldesa.

Y si una parte envía nota de una conversación mantenida entre ambas, es de esperar que la respuesta no tarde en llegar. Así fue. En ese encuentro Quiñones aseguró a la alcaldesa que la presencia de la Policía Nacional en Monte es «permanente». No obstante, no solo recorren el barrio efectivos uniformados, «también muchísimos de paisano». Quiñones deja clara la respuesta a la petición e insiste en que en el área de la ciudad afectada por los robos en viviendas ya se ha incrementado el número de agentes porque la Policía Nacional «está volcada» en las investigaciones y «sensibilizada» con esa intranquilidad vecinal. Y cifra el esfuerzo con un dato: más de un centenar de agentes que trabajan en «poner fin a estos sucesos».

Equipos que, además, mantienen contacto directo tanto con los vecinos como con las asociaciones a quienes pidieron «colaboración» para tratar de localizar a los autores, asegura. Mientras Igual insistía en su «preocupación» por la situación con la que convive el barrio, la delegada subrayó su «confianza en que el intenso trabajo dé resultados pronto».

El cruce de exigencias entre la alcaldesa de Santander, Gema Igual y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones no es nuevo. Esta vez el encontronazo ha sido por la presencia policial en la zona de la ciudad afectada por la oleada de robos. No obstante, la lista de reproches incluye otros tantos capítulos. Es más, chocan prácticamente desde que la socialista dejara el Ayuntamiento de la capital para representar al Ejecutivo central en Cantabria. Por aquel entonces la retirada de los espigones de La Magdalena se convirtió en arma arrojadiza entre las dos. Y desde ese momento, las diferencias se han sucedido de manera recurrente. La mayoría a través de los medios o, incluso, en las redes sociales aunque también ha habido alguno en plena rueda de prensa. El estado de las playas santanderinas ha ocupado gran parte de las diferencias. Se enzarzaron, por ejemplo, por quién tenía la culpa de que en la Segunda de El Sardinero hubiera piedras. Pero también la seguridad ha sido ya en otras ocasiones el motivo de esas discusiones. Ocurrió a finales de julio tras los altercados entre los ultras del Racing y del Oviedo. Igual lamentó que la Policía Nacional –que depende de Delegación– no actuase de forma preventiva. Sobre todo, porque el encuentro se había catalogado de alto riesgo y era previsible que los aficionados más radicales llegasen a las manos. Por su parte Quiñones, criticó que la alcaldesa, en lugar de centrarse en condenar la conducta de los culpables, se cebase con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.