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Preocupación y sospechas son la tónica habitual estos días en la comunidad de vecinos. Las alrededor de 40 familias que viven de alquiler en el ... número 12 de la avenida Vicente Trueba se sienten en la cuerda floja tras haber recibido algunas de ellas un burofax de la sociedad inmobiliaria Altamira Santander Real Estate en el que les informan que son los nuevos gestores del inmueble y les recuerdan la fecha de conclusión de sus respectivos contratos «en unas cartas muy ambiguas». El bloque se construyó acogido a un Plan de Vivienda y, durante diez años, ha tenido un régimen protegido de alquileres máximos para favorecer el acceso a una casa a un perfil determinado de personas.
Pero esta condición concluye en diciembre de 2020 y los residentes temen que les ocurra lo que están viendo todo el día en las noticias en otros puntos de España. Su nuevo casero (Altamira Assett Management) pertenece al grupo italiano DoBank que, a su vez, es propiedad de un gran fondo buitre estadounidense (Fortress, financiera nacida en Nueva York), por lo que creen «más que probable» que las condiciones para habitar sus domicilios cambien en cuanto el edificio pierda la placa de 'protegido'.
Un grupo empezará a informarse en breve con un abogado experto en urbanismo sobre sus posibilidades de futuro cuando los alquileres pasen a ser libres. «Habrá que hacer la fuerza necesaria para que no varíen las condiciones», señalaron varios de ellos, aunque son conscientes de que, cuando la consideración legal se modifique, tendrán pocas armas para luchar contra su nuevo propietario. Fuentes de Altamira Santander Real Estate señalaron ayer que la intención «es renovar todos los contratos» de los interesados. «Si el inquilino quiere seguir, se le hará un nuevo contrato». Este portavoz dijo que el edificio seguirá estando en régimen de alquiler a partir de 2020, si bien no aclaró si las rentas mensuales se revisarán al alza.
La finca tiene el largo historial habitual de los construidos bajo las alas de una administración. El suelo en que se levantó era propiedad del Ayuntamiento, que se lo vendió a la constructora Ascán. La Consejería de Vivienda concedió en 2005 a esta empresa cántabra un proyecto para levantar 44 viviendas, 44 garajes y 44 trasteros en régimen de VPO-RG en arrendamiento por diez años y le dio el amparo del Plan de Vivienda 2000-2005 para sacarlo adelante. Tanto subvenciones a fondo perdido del Ministerio de Vivienda (401.065 euros) y del Gobierno regional (240.030 euros) como subsidiaciones del 30% de las cuotas del préstamo cualificado que se le concedió. En 2006, la constructora le traspasó la titularidad del expediente a Promodico 2000 SL, que ha gestionado la marcha de los alquileres, además de hacerse cargo de las pequeñas reparaciones o deficiencias que les reclamaban.
Fue a esta empresa a la que el departamento regional de Vivienda dio la calificación definitiva, con una protección de diez años. Durante ese tiempo, los arrendatarios han gozado de un precio máximo mensual. Por ejemplo, un piso de 70 metros cuadrados, con garaje de 20 metros y trastero de 3,86 metros no podría pagar más 536 euros al mes. Otro más: un apartamento de 40 metros cuadrados paga a día de hoy entre 455 euros y 343 (siempre con garaje y trastero). En el bloque hay pisos de entre 40 y 90 metros, excepto tres viviendas que se reservaron para familias numerosas y son algo más grandes.
Así han transcurrido más de ocho años, «con gente entrando y saliendo de las casas», según cuentan varios afectados. Este verano, la situación dio un giro: Promodico se deshizo del edificio, para lo cual tuvo que solicitar al Gobierno regional una autorización de venta a una sociedad del Banco Santander (que resultó ser Altamira Santander Real Estate). La Dirección General de Vivienda dio el visto bueno a la operación el 1 de agosto.
Desde la Administración regional aseguraron ayer que, a día de hoy, se encuentran arrendadas las 44, con los correspondientes contratos visados, una información que ponen en tela de juicio los vecinos, que señalan que hace meses que hay pisos vacíos. «Antes se iba un inquilino y la gestora pintaba y arreglaba y enseguida entraba otro porque había lista de espera. Ahora no está pasando así y esto no puede ser, porque la ley dice que al ser pisos protegidos no pueden estar vacíos».
También lamentan que, en los últimos meses, notan una gran falta de diligencia de los nuevos gestores por mantener en buen estado las zonas comunes. «La puerta del garaje no funciona y no se arregla, pasa lo mismo con la entrada al jardín y una persona tuvo rota la caldera y ha tenido que esperar un mes antes de que se la pusieran otra vez en marcha», relatan. Nada que ver con el anterior propietario que, afirman, les atendió mucho mejor.
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