Vivienda negocia para rebajar los precios de compra de los pisos de Primero de Mayo

El primer encuentro fue ayer con una representación de los vecinos y lejos de encontrar soluciones, el resultado no se salió de lo esperado en el guión. «No nos han aclarado nada en realidad. Eugenia nos ha confirmado que quería conocer nuestra versión de los hechos y que esta misma semana se va a reunir también con los promotores de la comunidad para ver si se puede alcanzar un punto en común». «Nos dice que en todo caso los precios de los que nos han hablado entran dentro de la legalidad, lo cual nos parece inasumible», protesta Virginia Álvarez, una de las dos vecinas que estuvo presente ayer en el encuentro con la directora general de Vivienda y otros dos funcionarios.

Han pasado diez años de la rúbrica con la que muchos de estos vecinos dieron el visto bueno al contrato de alquiler con opción a compra de estos inmuebles. Un documento que contenía una letra pequeña, y que advertía de que pasado el plazo -precisamente estos 10 años-, el inquilino tendría la opción de adquirir el inmueble por un precio equivalente a dos veces el coste máximo legal correspondiente a la calificación. Ahora muchos vecinos, escandalizados, se encuentran con que por un piso por el que estimaban pagar poco más de 115.000 euros se les pide cerca de 230.000. «Es un apartado abusivo que está en el contrato y que no puede ser legal. No tiene sentido que nos quieran cobrar por unos pisos de protección oficial más de lo que cuestan otras viviendas que están construyendo ahora mismo en el barrio, y que son de obra nueva», asevera Álvarez.

Desde la comunidad ya han advertido que aguardarán esta semana para conocer las posibilidades que ofrece la promotora; pero que ya están en conversaciones con un abogado para comenzar a estudiar el modo en que este asunto podría tener recorrido en los tribunales. «Lo primero que vamos a hacer entre hoy y mañana va a ser redactar una queja conjunta a la Dirección General de Vivienda, que es algo que nos ha pedido Eugenia. Y después vamos a ver qué nos proponen; pero de verdad que no tiene sentido lo que está pasando».

Para todos estos inquilinos es complicado además hacer borrón y cuenta nueva, porque el contrato que firmaron también estipulaba que en caso de compra, les sería descontado el 33,3% de las mensualidades abonadas en todo este tiempo. «Yo podría irme ahora a otro lugar de alquiler y olvidarme de todo este problema, pero es que en este tiempo he pagado hasta 45.000 euros», reivindica Álvaro López, otro de los afectados. «Si sacas el 33,3% de ahí y me lo descuentas de la vivienda, al final te das cuenta de que es un pellizco nada despreciable. ¿Por qué tenemos que perder eso?», reivindica.

Dicen los vecinos que los promotores recibieron hasta 1,8 millones de euros de ayudas gubernamentales en el momento en que pusieron en marcha la construcción de los inmuebles. «Por eso tiene lógica que Vivienda se haga algo cargo de este problema que tenemos», explica la portavoz vecinal.