Una mujer pide entrar en prisión para saldar su multa por mandar «a tomar zumitos» a unos policías

Dicha multa ha sido impuesta por la Subdelegación del Gobierno, a propuesta de la Policía Local de Campillos, en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que contempla sanciones desde 601 hasta 30.000 euros por alteración del orden público.

Encarnación Gálvez, que reside en Campillos desde hace apenas año y medio, sufre una discapacidad del 65% diagnosticada por la Junta de Andalucía por alteración de la conducta y trastorno histriónico de la personalidad. Vive de una pensión no contributiva de 347, 60 euros al mes y tiene un hijo a su cargo.

La mujer se muestra completamente desconcertada por la cuantía de la multa fuentes de la Subdelegación recalcaron que se le ha impuesto el mínimo y que se ha tenido en cuenta la reincidencia, según Policía Local, en este tipo de comportamientos y asegura que para ella es imposible abonarla. «He ido al Ayuntamiento para pedirles pagar la sanción en días de cárcel», explica.

La vecina, asistida por el letrado malagueño Juan Antonio Moreno, de Foro Abogados, ya ha presentado recurso de alzada contra la resolución al considerar que la multa es «cuanto menos excesiva, ya que tomar zumitos no es un insulto grave y tampoco supone una falta de respeto», insiste el letrado, que se ha hecho cargo del caso de forma altruista.

El abogado recalca que el incidente que Encarnación protagonizó en el centro de salud no constituye un supuesto de alteración del orden público. «Hubo una discusión que se solventó sin más», insiste el letrado, «y después teniendo en cuenta sus posibilidades económicas y su discapacidad... Esperamos que el recurso se estime por lo desproporcionado e injusto de la sanción».

El altercado en cuestión sucedió a las 12.30 horas del pasado 7 de junio. Según Encarnación, aquella mañana llegó «15 o 20 minutos tarde» a una cita para hacerse una radiografía y pidió quedarse para la última. «La señorita que había allí no tuvo mejor idea que agarrarme del brazo, zarandearme levemente y decirme: Coge otro número y te vienes otro día». Este periódico ha contactado con el ambulatorio para recabar su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta.

Encarnación sostiene que, mientras discutían si la atendían o no, se presentó una patrulla de la Policía Local. «Reconozco que hice una peineta al señor del mostrador, porque él me la había hecho a mí primero, pero los agentes ni siquiera me preguntaron para saber mi versión. Lo mismo que admito la peineta, niego lo de los zumitos. Yo no dije eso».

La mujer se queja sobre todo del trato de uno de los agentes porque «alzó la voz y braceó todo el tiempo, el escándalo lo formó él con su actitud», protesta. Aun así, volvió a casa «con mal sabor de boca por la vergüenza» y decidió ir a las dependencias de la Policía Local para disculparse. «Todos las aceptaron, menos ese agente, que no quiso darme la mano».

Diez días después, le llegó a casa la carta con la sanción. Aparte de la cuantía, Encarnación se lamenta de que no haya podido dar su versión y que los policías locales tengan «total credibilidad», opina la denunciada. «¿Es que no se pueden equivocar? Si quiero que la multa se quede en la mitad (300 euros), pierdo el derecho a réplica. Es indignante».

Desde la Policía Local de Campillos aseguraron que se recibió una llamada del ambulatorio que informaba de que había una mujer faltando el respeto e insultando a la persona que daba los números y que los propios agentes vieron cómo le hacía cortes de mangas. «Los funcionarios le pidieron que se tranquilizara, pero se volvió hacia ellos y mantuvo la misma actitud que con este trabajador», señaló un responsable del Cuerpo, quien sentenció: «No es la primera vez. Y no puede ser que todo el mundo esté equivocado. Es como aquel dicho, 'hay que ver qué bien desfila mi hija y lo mal que lo hace el resto de la compañía...'».