El 72,08% de los menores que sufren violencia sexual son niñas

Son las principales conclusiones del estudio 'La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas', elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis con la intención de comprar la repercusión práctica de las últimas reformas del código penal en torno a esta cuestión.

El documento señala que el mayor número de victimizaciones, casi el 64%, ocurre antes de los 12 años. Así, en el tramo de edad comprendido entre los 5 y los 12 años, es donde aparece el mayor porcentaje de víctimas, en concreto el 59,38%. De los 16 a los 17 años, las niñas víctimas representan un 82,05%, mientras que en los intervalos de 5 a 12 y de 13 a 15 suponen un 71,87%. «Cada vez que nos acercamos a la edad más próxima a la mayoría de edad, hay un mayor numero de niñas que son agredidas sexualmente -explica Laura Fernández Gómez, una de las autoras del estudio- y entendemos que entre los motivos pueden estar la pornografía, así como la publicidad que pone a las niñas como modelos aniñados, haciendo que proliferen situaciones en las que la presentan como objetos de deseo sexual».

El lugar en el que con mayor frecuencia se produce la agresión es en el propio domicilio de la víctima en un 33,34% de los casos, seguido del domicilio del agresor , en un 31,47%. La agresión, además, no suele ser un hecho aislado, sino que se produce de manera continua en el tiempo o en varias ocasiones, en un 64,11% de las veces. El estudio también concluye que solo en el 25% de los casos, la denuncia se interpone en el mismo día en que se produce la agresión. «A mí este dato me parece muy importante y relevante sobre todo por la valoración judicial y social que se hace de la supuesta tardanza en denunciar, ya que se menciona como causa coadyuvante a la sentencia absolutoria en un 8% de los casos», apunta Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Quien interpone la denuncia es la madre en un 51,24% de los casos y cabe destacar que solo en un 4,24% esas denuncias proceden de centros educativos, servicios sociales, sanitarios o centros de acogida, «lo que supone una carencia muy importante puesto que entendemos que falta formación y protocolos de detección», puntualiza la autora del estudio.

La declaración de los menores se produce «principalmente en el acto del juicio oral». «No se aplica la prueba preconstituida que debería hacerse con carácter obligatorio y no potestativo. En este caso, la declaración solo se produce como prueba preconstituida en el 14,31% de las setencias analizadas».

Solo en el 36,04% de los casos analizados hay informes médicos y, de estos, los informes psicológicos constan en un 50,18% de los casos. «Lo que es criticable es que estos informes solo se basan en la credibilidad de la víctima y no en analizar las secuelas físicas o psicológicas que pueden producir estas agresiones», explica Fernández Gómez. Solo se han encontrado un 18,64% de las sentencias donde ese informe psicológico-forense valora el daño establece el tratamiento a seguir y la duración de ese tratamiento.

En cuanto a los fallos, las sentencias son condenatorias en un 75,75% de los casos pero de estas, un 14,52% lo son de conformidad y solo un 24,25% son absolutorias. Las absolutorias se basan en el testimonio contradictorio de la víctima en un 35,05% de los casos y en un 8% en la tardanza en denunciar. A juicio de una de las autoras del estudio, «esto es significativo porque volvemos a la idea estereotipada de que las víctimas tienen que denunciar inmediatamente y no es así por motivos como la vergüenza, el no me van a creer, la revictimización en el juicio o incluso que los menores ni siquiera reconocen su propia sexualidad».

A la hora de ver cómo han funcionado las reformas del código penal, Fernández Gómez explica que ha habido un incremento de las sentencias condenatorias, que tras la reforma de 2010 ha aumentado en 5 puntos y tras la de 2015, en 8 puntos, «pero si analizamos las penas impuestas, comprobamos todo lo contrario, salvo en el caso de los abusos sexuales con acceso carnal que sí que el castigo ha pasado de 6 a 8 años y 7 meses de prisión. En el resto de penas, han pasado a los valores anteriores a esas reformas, de tal manera que lo que pretendía el legislador, que es endurecer las penas, no se ha conseguido«.

Finalmente, el estudio hace hincapié entre las penas a las que se le condena, supuestos como el de la inhabilitación profesional si la profesión del condenado está relacionada con menores, no se aplica en un 75,13% de los casos y que en un 33,33% de las sentencias no se priva al padre agresor del ejercicio de la patria potestad.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, asegura que la violencia contra la infancia forma parte de una realidad histórica «caracterizada por la impunidad pero también por el abuso de poder en la que coexisten dos enfoques contradictorios. Por un lado suscitan el mayor de los rechazos sociales y congruentemente son gravemente penados, pero por otro, tanto el espanto que nos producen estos hechos como los mitos y estereotipos que distorsionan la percepción de esta realidad han llevado a que las primeras revelaciones de un atentado a la libertad sexual o manifestaciones de sintomatología de violencia sexual que padece la infancia sean recibidas generalmente en el entorno familiar, escolar y laboral, con extrañeza, cuando no por negación por quienes tienen la obligación de dar la primera respuesta».

Jaime de Pablo apunta a la macroencuesta de violencia de género realizada durante 2019 en el que un 3,4% de las mujeres aseguraban haber sufrido violencia sexual de niñas y en el que se señala que la razón de la falta de denuncia, en el caso de las violencias más graves de violación con penetración, es en un 40,2% de los casos «que las víctimas eran unas niñas y que no se sentían amparadas por nadie como para hacer la revelación».