Los parlamentarios europeos chequean la salud medioambiental de Doñana

Son estas dos amenazas las que centraban las cinco denuncias de otros tantos colectivos que han motivado esta misión del Europarlamento, y sobre las que han inquirido detalles exhaustivos a fin de poder entender mejor el impacto sobre Doñana y su entorno, tanto en el ecosistema como en su biodiversidad. Tras escuchar a todos los actores, como si de un juicio se tratase, elaborarán un informe con sus conclusiones que estiman estará listo para ser sometido ya a votación a finales de año, y que podría concluir con advertencias o recomendaciones a las autoridades nacionales. «Hemos llamado a nuestro parlamento, el europeo, porque Doñana no es un problema local, es algo que nos afecta a todos al ser Patrimonio de la Humanidad», reseñan desde WWF.

La delegación está encabezada por el eslovaco Pal Csaky (Partido Popular Europeo), y la conforman además el socialdemócrata Miltiadis Kyrkos, de Grecia, y Thomas Waitz, diputado austriaco por el grupo de Los Verdes. Junto a ellos estarán además tres parlamentarios europeos: Rosa Estaràs (PP), Soledad Cabezón (PSOE) y Florent Marcellesi por Equo. Durante los tres días de la visita, que incluye un recorrido por el parque natural, la misión se reunirá con representantes de asociaciones ecologistas; regantes y agricultores de la zona; la empresa Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), que promueve el almacén de gas subterráneo en el parque; responsables de la estación biológica de Doñana y autoridades varias, desde la Junta de Andalucía al Ministerio de Transición Ecológica.

El objetivo de estas entrevistas es adquirir un exhaustivo conocimiento de las principales amenazas que se ciernen sobre el parque y las gestiones que se han hecho o no por parte de las autoridades locales, regionales o centrales, a fin de «entender la situación y echar una mano para garantizar su conservación» ante un tema que les parece «serio e importante», indicó Csaky. En este sentido, según explicó el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, uno de los denunciantes, la misión se ha interesado por la partición en cuatro partes del proyecto de construcción de un gaseoducto y un almacén de gas en las antiguas bolsas subterráneas. Una división que la coalición considera que fue «un fraude legal» para lograr los permisos medioambientales y al menos poder llevar a cabo algunos de los tramos, porque «en un único proyecto no hubiera superado las licencias ambientales».

«Ha quedado en evidencia la debilidad y el afán de lucro especulativo y uso privatizador de un espacio de todos por parte de Gas Natural», dijo Maíllo al término del encuentro, «y esperamos que cuando el informe se vote incluya recomendaciones sobre su paralización».

Por su parte, la reunión con WWF se ha centrado en la gestión del agua en el parque y su uso sostenible por la industria agrícola, la principal amenaza en un entorno donde el líquido es la vida. La presión de la actividad económica, y su efecto en el acuífero, no cesa, e incluso aumenta. Según denunció el lunes la asociación ecologista, las imágenes por satélite confirman que desde 2016 se han incrementado los regadíos intensivos en la zona en 364,9 hectáreas, y que continúa la «proliferación de las balsas de regadío», que suman ya 1.054 balsas y 1.083 pozos tipo abierto.

En este sentido, la misión europarlamentaria asume en el documento de trabajo que los niveles del acuífero son «críticamente bajos», como se desprendía del último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que el plan de la Junta de Andalucía aprobado en 2014 para regular la zona de cultivos y poner orden en el entorno del espacio natural «no se ha implementado». Las asociaciones ecologistas, también se interesaron acerca de por qué los pozos ilegales se identifican pero no terminan de cerrarse, según detalló Juan José Carmona, de WWF.

La jornada de trabajo concluyó con una reunión con el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, quien calificó de «fructífera» la entrevista en la que explicaron las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para poner orden en la actividad agrícola en el entorno de Doñana a fin de que sea «racional, legal y sostenible». Asimismo, solicitó a los eurodiputados «un pronunciamiento del Parlamento Europeo en contra del proyecto gasístico». Así, Fiscal dejó claro que el ejecutivo regional no permitirá que el gaseoducto «atreviese un solo metro del espacio natural».