El agua incendia Doñana

Se ha visto esta semana en la Cámara andaluza, que ha aprobado una proposición de ley del PP, Cs y Vox para devolver a 756 hectáreas de Doñana su condición de tierras de regadío, una iniciativa que nace envuelta en la polémica cuando no en la directa oposición de amplios sectores del agro que consideran que la medida en un contexto de sequía como el actual hace peligrar su supervivencia. Y lo ha hecho con la abstención de los socialistas, contraviniendo la consigna de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya se había dirigido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, advirtiéndole de lo pernicioso de una iniciativa que ahonda en el modelo de agricultura intensiva. Una «preocupación» que ha revelado las distintas sensibilidades que este problema suscita en la propia izquierda y puesto de manifiesto otro espinoso asunto: contribuir al éxito de una iniciativa que apoya la ultraderecha y hacerlo encima ignorando el criterio de Unidas-Podemos, su socio de gobierno.

La decisión, que abre un proceso de tramitación que puede durar más de un año, además de desatar un temporal político ha incendiado el agro. Lo ha hecho en un momento de amenazante sequía y con un acuífero, el 27, que discurre bajo el Parque Nacional de Doñana, «sobreexplotado», sostiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Todo en una provincia donde hay dos cuencas hidrográficas: la del Odiel-Tinto-Piedra, con agua abundante; y esta otra, la del Guadalquivir, en la que ocurre lo contrario. Y donde una finca no puede beber de dos cuencas a la vez.

La guerra empezó en 2014, cuando la Junta de Andalucía aprobó el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, un área consagrada desde siempre al cultivo de los frutos rojos. El objetivo era regularizar la actividad y cerrar el paso a nuevas explotaciones en una franja que aglutinaba a 2.500 de los 3.000 productores de Huelva y donde el agua es un bien preciado. El problema es que para elaborar este texto se recurrió a la foto fija del sector en 2004, una década atrás. Su aprobación con efecto retroactivo dejó fuera 756 hectáreas y dos centenares y medio de propietarios, entre ellos gente que llevaba allí décadas. También jóvenes, que entraron al calor de las subvenciones y que en algunos casos habían avalado los terrenos con sus propias viviendas.

¿Por qué quedaron fuera si no habían cambiado de actividad? Según Romualdo Macías, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que aglutina al 80% del sector de los frutos rojos, «unos habían dado descanso a la tierra, otros no habían sembrado porque la situación económica no se lo permitía o también porque en una zona con tanta rotación de cultivo en ese momento no tenían nada. El caso es que unos y otros pasaron de la noche a la mañana a ser titulares de explotaciones catalogadas como de secano, cuando su actividad nunca había sido esa. «Imagínate que te dicen que si no pasas por la autopista el día que sacan la foto, no tienes el carné de conducir. Esto es lo mismo». El resultado son 30 agricultores a la espera de juicio, «gente que ahora podría ir a la cárcel por hacer aquello por lo que tiempo atrás la subvencionaron».

La apremiante falta de infraestructuras para garantizar el suministro del agua en Doñana no ha hecho sino enturbiar más el panorama. Tres son los principales escollos: la presa de Alcolea, ejecutada sólo al 25% y paralizada desde que el Gobierno central alertase hace 5 años de la mala calidad del agua; el túnel de San Silvestre, con importantes carencias de mantenimiento después de medio siglo en funcionamiento; y un trasvase que estaba previsto para 2021 pero que está a la espera de un expediente de impacto ambiental que no acaba de ver la luz y que trae por la calle de la amargura a las comunidades de regantes más castigadas.

«El túnel satisface el 85% de las necesidades de Huelva, pero desde que se construyó no ha sido revisado. En cualquier momento hay un derrumbe y nos quedamos secos», relata Javier Gutiérrez, otro agricultor del Condado, donde se sitúa el 80% de los 120.000 empleos que genera el fruto rojo en Huelva, repartidos en una docena de comunidades. «La obra del túnel son 63 millones y el Gobierno central se comprometió en 2021 a pagarlos. Pero no ha llegado ni un euro y nos tememos que ese dinero haya acabado en otro sitio. Los regantes -añade- nos hemos planteado incluso hacerlo con capital público/privado, pero la Administración dice que es una obra estatal y hace como el perro del hortelano, que trasladado a nuestro caso es ni bebe ni deja beber».

«La solución es el trasvase, pero mientras llega hay que modificar el plan especial -dice Gutiérrez-. Eso no significa que se vayan a plantar más hectáreas ni que se abran más pozos, de hecho llevamos 400 sellados con hormigón; pero urge dar encaje a todos aquellos que quedaron en situación de inseguridad jurídica. ¿Qué haces cuando la misma entidad que tiene la llave de la solución declara sobreexplotado el acuífero?».

La propuesta aprobada por el Parlamento andaluz no convence a todos. En Almonte, encima de Doñana, 300 agricultores han abandonado la plataforma por considerar que no defiende sus intereses. «El remedio no puede pasar por abrir un acuífero bajo mínimos a gente que queda fuera de la regulación», señala la alcaldesa Rocío del Mar Castellano. Esos 300 quizá parezcan pocos, pero representan, dice la primera edil, «el 52% de la superficie agrícola regable de todo el Plan Especial de la Corona. «No queremos utilizar las aguas subterráneas, pero estamos abocados a ello mientras no nos llegue el trasvase. Ahora bien, en este escenario lo que carece de sentido es repartir entre más un recurso hídrico más escaso que nunca». El revuelo, desliza Castellano, está causando además «un daño a la imagen de los frutos rojos en los mercados europeos, más aún cuando la Unesco ya alertó de la necesidad de cerrar los pozos que quedaban fuera de la regularización».

El discurso de la alcaldesa lo comparte Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO Birdlife, que urge a «erradicar los cultivos ilegales y no fomentar el uso irresponsable de los acuíferos». También María Jesús Rodríguez, directora de Parques Naturales, que habla de la «gran responsabilidad» de preservar Doñana. «Es importante que la gente interiorice que de esa riqueza depende su vida y que por lo tanto hay que gestionar con inteligencia las oportunidades».

A 45 kilómetros de Almonte, en Isla Mayor, los canales de agua están secos y el paisaje es una sucesión de suelos cuarteados porque el arroz no se cultiva hasta final de mayo. El año pasado la mitad de las 36.000 hectáreas de regadío que rodean el pueblo no se sembraron por falta de agua.

«El problema es la sequía y el cambio climático. No vale echarle la culpa a la Confederación o a la Junta, eso es demagogia -apostilla Álvaro Pallarés, presidente de la Junta Central de Regantes de la Margen Derecha del Guadalquivir-. Antes entrabas en un ciclo de lluvias y duraba 20 días, ahora llega un temporal y pasa en cuestión de dos». Si la Confederación les otorga 400 hectómetros cúbicos, el agua les entra desde Alcalá del Río, la última boca antes de llegar al océano. Aníbal Román, sin embargo, tiene sus tierras en zona de secano: mientras el primero 'bebe' de las aguas de superficie, este lo hace de pozos del acuífero 27, de las masas de agua de Marisma y Almonte. El conflicto le pilla de lleno.

«La Confederación está cerrando pozos y obligándonos a ser más eficientes. Los concesionarios legales estamos a favor de la regulación, porque el agua se termina y si damos entrada a los que quedan fuera no hay recursos para todos». Quieren sacar a estos de la ecuación sin abandonarlos a su suerte. «No se trata de dejarles sin riego, sino de garantizarles el trasvase. En esta zona no se ha invertido lo suficiente en años, y de esos polvos llegan ahora estos lodos».