La Amazonia es una mina

Bastan unas pocas palabras para anunciar estragos. El pasado 22 de agosto el diario oficial de Brasil publicó un decreto en el que se daba por extinguida la Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados (Renca), un área en el norte del país de 46.619 kilómetros cuadrados, aproximadamente como Aragón, en la que desde 1984 estaba prohibida o fuertemente regulada la actividad minera. El decreto, bastante escueto, establecía que la extinción de la reserva no afectaba a la legislación sobre protección de la vegetación, las zonas de conservación de la naturaleza y las tierras indígenas. Nadie creyó estas salvedades, quizá porque no era la primera vez que las leían.

El fin de Renca fue visto por entidades ecologistas y organizaciones sociales brasileñas como una cesión a las empresas mineras y a los diputados con intereses en el sector agropecuario, los llamados ruralistas. Era el pago del presidente de Brasil, Michel Temer, por el apoyo que le habían brindado cuando se vio asediado por las acusaciones de corrupción en su contra.

Las protestas y los escritos de rechazo contra lo que ha sido calificado por organizaciones como WWF como«la mayor agresión al Amazonas en los últimos 50 años» no se hicieron esperar y, contra todo pronóstico, lograron resultados aunque un tanto inciertos. Siete días después de la publicación del decreto, un juez lo suspendió cautelarmente y las autoridades dieron marcha atrás. El Gobierno de Temer anunció su intención de elaborar una nueva normativa «preservando las cuestiones ambientales o indígenas», lo que ya de por sí resultaba algo sospechoso porque eso mismo era lo que decía el anterior decreto.

El peligro no ha quedado conjurado. Las organizaciones que defienden la Amazonia temen que el intento de eliminar la reserva Renca sea el primero de una serie de pasos para abrir la puerta a la explotación minera de amplias zonas del territorio. «En Brasil hay una fuerte presión por parte del sector de los productores rurales y de la minería para desmantelar el sistema de áreas protegidas», afirma Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWFEspaña, quien sospecha que «se está preparando el terreno para desproteger zonas que ahora están protegidas».

WWFcalcula que la amenaza a través de distintas iniciativas parlamentarias, con su arsenal de letra pequeña a pie de página, «podría llegar a afectar al 10% de los territorios protegidos bajo el sistema federal brasileño, lo que afectaría a una superficie de unos 80.000 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de Portugal». Supondría también un drástico cambio en la política conservacionista que inició Brasil hace quince años y que estaba empezando a dar frutos.

En 2002 el Gobierno brasileño puso en marcha el programa ARPA, destinado a proteger 60 millones de hectáreas, asegurar recursos financieros para su gestión y promover el desarrollo sostenible en la región. «En la actualidad 1,5 millones de kilómetros cuadrados cuentan con algún tipo de protección, de los que 790.000 corresponden a terrenos protegidos por el Estado», explica Luis Suárez. Los esfuerzos no han logrado frenar la deforestación, cuya tasa aumentó del 6 al 12% entre 2012 y 2015, pero sí han supuesto un avance aunque solo sea por el incremento de las zonas protegidas. «Todo esto ha cambiado», dice el representante de WWF. «Se está poniendo en cuestión todo el sistema de protección, es una vuelta hacia atrás. Se ha iniciado un claro proceso de agresión a la Amazonia por motivos económicos».

Lo que puede ocurrir en el territorio Renca ya lo ha visto en otro lugar Danilo Chammas, miembro de la asociación pro derechos humanos Justiça nos Trilhos, que forma parte a su vez del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal). Él ha sido testigo de la transformación de Carajás, una zona protegida oficialmente calificada como sostenible en la que se halla la mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo.

«Es una zona muy similar a la Renca que está siendo explotada fuertemente desde hace 32 años. En ella uno no puede cazar un pato porque es un área protegida, pero sí explotar un yacimiento», afirma Chammas. En todo este tiempo el cambio ha sido radical. Lo que en su día fue un territorio repleto de bosque es ahora un área contaminada por tierra, agua y aire que extiende sus tentáculos a muchos kilómetros de distancia.

Las explotaciones mineras transforman profundamente la zona donde se establecen. Están vinculadas a proyectos de generación de energía como centrales hidroeléctricas y térmicas, y a infraestructuras de transporte como trenes, carreteras o puertos. Además, conllevan la creación de tajos, pilas de lixivación, presas de relaves y plantas de procesamiento de mineral. «En primer lugar supone la destrucción directa del bosque», señala Luis Suárez. Después llegará la contaminación de la tierra y del agua y luego las transformaciones sociales. «El incremento de los accesos a estas zonas facilita la llegada de gente atraída por el oro que crea pequeñas explotaciones ilegales», añade el representante de WWF. Las hasta ese momento tierras vírgenes se llenan de pistas, carreteras y desconocidos que ponen en peligro a poblaciones indígenas con poco o ningún contacto con otros seres humanos.

«Tuvieron que hacer un ferrocarril de 500 kilómetros para llevar el mineral desde Carajás hasta la costa. El impacto ha sido tremendo, se calcula que las infraestructuras necesarias para las explotaciones mineras han afectado a 900.000 kilómetros cuadrados», explica Danilo Chammas.

Pero la economía es la que manda. «En toda América latina se está apostando por el extractivismo, da igual que los gobiernos sean de derechas o de izquierdas», dice el activista brasileño. Es dinero fácil y rápido, como el que ganan los más avispados cada vez que se anuncia un proyecto minero. «Enseguida aparecen personas que compran a bajo precio los terrenos para vendérselos después a las compañías», señala Chammas.

Y donde hay grandes oportunidades también hay violencia. «Los terratenientes con sus sicarios disputan por las tierras y en los últimos meses han aumentado los asesinato s de defensores del medioambiente que se oponen a las extracciones», afirma Danilo Chammas. En lo que va de año, ya han muerto cincuenta personas en Brasil por este motivo. Morirán más, y la Amazonia con ellos.