Ayuda exterior

A decir verdad Ibu ya no puede considerarse un inmigrante, por cuanto es titular de un pasaporte español. Su ejemplo, no obstante, hace trizas el estereotipo que identifica al forastero como una carga para la sociedad y la economía. Ibu no vive de subsidios ni haraganea por las calles. Es más, contribuye con sus impuestos a sostener el sistema económico. Y es que unos 4,6 millones de trabajadores que emigraron de sus países hacen posible cada día que el engranaje económico no se agarrote. España los necesita. Nutren las arcas del Estado con sus tributos, una contribución que, a falta de estudios concluyentes, se presume superior al coste de los servicios que reciben. No en balde, generan un saldo fiscal neto de medio punto del PIB, es decir, 5.500 millones de euros al año, según datos de la OCDE.

En caso de que los trabajadores extranjeros se esfumaran de repente, España pasaría por serios apuros. ¿Quién cuidaría al anciano?, ¿quién limpiaría las casas?, ¿quién repondría las estanterías de los supermercados?, ¿quién le serviría el menú del día? Los tomates se pudrirían en las matas y no habría quien izara las redes de pesca. A la luz de las afiliaciones a la Seguridad Social en el mes de agosto, los principales destinos de la mano de obra inmigrante fueron Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias.

La ecuatoriana Alejandra (nombre ficticio) está interna en una casa en el madrileño barrio de la Concepción, donde cuida a una anciana ensimismada y medio ciega. Le gustaría dejar de atender enfermos y pasarse al servicio doméstico: «Ya se me han muerto tres viejitos».

Temporeros marroquíes, albañiles rumanos, tenderos chinos, cuidadoras y limpiadoras ecuatorianas. La fuerza de choque de los inmigrantes asentados en el solar nacional representa el 12,5% de la población activa. Pese a la importancia que desempeñan los inmigrantes en el sistema productivo, los sindicatos denuncian que la gestión de los flujos migratorios con miras a la contratación de extranjeros se rige por principios anticuados. «La Comisión Tripartita Laboral, encargada de informar sobre el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, no revisa sus criterios desde hace 14 años», asegura Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CC OO.

La caída de la natalidad, el descenso de las muertes prematuras y el aumento de la esperanza de vida abocan a España a un envejecimiento inexorable. Si no ocurre nada que lo remedie, en 2050 los españoles poblarán el segundo país más envejecido del mundo, por detrás de los japoneses. Ahora la edad media se cifra en 44 años, pero conforme la generación del 'baby-boom' vaya soplando velas, el sistema de pensiones estará en graves aprietos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que la solución al problema radica en el reclutamiento de inmigrantes. El organismo que dirige Christine Lagarde estima que España necesitará la incorporación de más de cinco millones de extranjeros para garantizar la viabilidad del sistema.

En España ya surgen voces que apuestan por esta fórmula. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, arguye que Castilla y León atajaría su declive demográfico si lograse atraer a 200.000 inmigrantes. No se olvide que la España vacía ocupa la mitad del territorio nacional. En la misma línea, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ve en la mano de obra extranjera un remedio y no un problema: «Necesitamos a los 10.000 inmigrantes que vienen cada año a vivir con nosotros», aseguró hace unas semanas.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 30% de la población española tendrá más de 65 años en 2030. A la vista de que la tasa de fertilidad declina y ya es de 1,34 hijos por mujer, la estampa de la pirámide invertida de la población adquiere contornos cada vez más inquietantes.

Así las cosas, ¿cuántos inmigrantes precisa España? Es difícil aventurarlo. Hace ocho años la Comisión Europea predijo que harían falta siete millones; otros analistas suben el cálculo a diez. Son estimaciones sujetas a muchísimas incertidumbres. Cuando la Comisión hizo su previsión, no figuraban en el debate público los efectos de la digitalización y la robotización, que pondrán patas arriba el mercado de trabajo.

Pese a los 3,18 millones de parados existentes en España, se da la paradoja de que algunos sectores sufren dificultades para dar con mano de obra que acuda a las campañas agrícolas, atienda a los dependientes y satisfaga la demanda de la hostelería y la construcción. Son empleos de baja cualificación que la población autóctona desprecia por los bajos salarios, el escaso estatus social y la dureza que esas ocupaciones comportan. «En la medida que la economía crezca habrá un requerimiento de trabajadores inmigrantes en algunos sectores», asegura Francisco Javier Moreno, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Autor de un estudio para La Caixa sobre 'Inmigración y estado de bienestar', Moreno sostiene que para la Hacienda pública «la inmigración es un buen negocio» por el incremento de recaudación que supone. «Ahora bien, la realidad social es mucho más compleja desde el momento en que hay una parte de la sociedad que cree que los extranjeros sobrecargan el sistema, aunque objetivamente no sea cierto».

No siempre los inmigrantes proceden de países en vías de desarrollo ni son mano de obra con escasa preparación. No en vano, la tercera colonia más importante en España es la de británicos, que suman 240.000 personas. Los alemanes, en noveno lugar de la tabla, representan 111.000.

Hasta hace muy poco, la inmigración había quedado al margen de la contienda política. Así ha permanecido hasta que Pablo Casado y Albert Rivera irrumpieron con mensajes que recuerdan el discurso antiinmigración de otros líderes europeos. ¿Por qué España ha sido inmune al contagio xenófobo? «Hemos tenido suerte con algunos personajes de la clase política que, por procedencia o estilo personal, han querido evitar la politización de la inmigración. El Gobierno de Mariano Rajoy, del que se ha hablado muy mal durante mucho tiempo, ha tenido el gran mérito de alejar el tema migratorio del debate público, y eso que llegó al poder en un momento económico sumamente complicado», señala Sebastian Rinken, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC.

Para Francisco Javier Moreno, en cambio, las palabras de los dirigentes del PP y C's no se inscriben dentro del populismo rampante en Europa sino que apuestan por un control estricto de las fronteras.

Su colega Rinken argumenta que, si bien los líderes Casado y Rivera entraron en la contienda partidista haciéndose una foto ante la valla de Ceuta, no es menos cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez también actuó para su «galería electoral» con la acogida del 'Aquarius' en el puerto de Valencia. «Todo esto me suscita la duda de si seremos capaces de mantener en los próximos años la cuestión migratoria al margen de populismos», dice el politólogo.

Según Mercedes Fernández, los irregulares subsaharianos que consiguen burlar las alambradas de Ceuta y Melilla dirigen en buena medida sus pasos hacia Francia.

A los extranjeros se le atribuyen males sin cuento. Se les acusa de inducir bajadas retributivas entre los nativos al aceptar empleos de mala calidad. Las visiones sobre este asunto son dispares, dado que no se dan evidencias fehacientes. «En los últimos quince años no ha habido un aumento salarial para los recolectores de frutas y hortalizas, algo de lo que se podría culpar a la inmigración. Pero si no se hubiera producido esa contención de costes, hace años que mucha parte de la agricultura intensiva se habría ido definitivamente a Marruecos. De esta manera han podido subsistir las empresas que reparan y construyen invernaderos o las que se encargan de la logística para distribuir la fruta en Europa», destaca Moreno.

No siempre el inmigrante ocupa puestos que exigen poca preparación. «Cada vez hay más profesionales de la salud importados de otros países. Mientras algunos médicos y otros trabajadores sanitarios españoles se van al Reino Unido o Italia, nosotros echamos mano de facultativos latinoamericanos, de más fácil inserción por la cuestión del idioma, además de algunos sirios y jordanos», apunta Mercedes Fernández, directora del Instituto de Estudios de las Migraciones (UEM), dependiente de la Universidad Pontificia de Comillas.

En un país con un 9,5% de extranjeros (si se incluyera a los naturalizados la proporción sería del 14%), el experimento de la inmigración no ha salido mal. Los atentados islamistas del 11-M y los de Barcelona y Cambrils de hace un año no se tradujeron en brotes de islamofobia. Tampoco en los tiempos más duros de la recesión los españoles hicieron de los trabajadores foráneos su chivo expiatorio. «El caldo de cultivo que propicia la xenofobia surge cuando autóctonos y extranjeros compiten por recursos escasos. Nuestras encuestas no han detectado actitudes de odio. En mi opinión, el recuerdo de la dictadura de Franco ha tenido mucho que ver, de modo que estamos vacunados», advierte Fernández.

Rachid Ismaili, de 48 años, escapa al cliché que se tiene de los marroquíes. Dirigente de la Asociación Hispano Árabe para la Educación y la Cultura, Ismaili vive a caballo entre Marruecos y España. Gana el sustento gracias una empresa de construcción que desarrolla obra pública en el país magrebí. Licenciado en Estudios Árabes e Islámicos, nació y se crió en Meknes, ciudad cercana a Fez, desde donde partió a Madrid para cursar el doctorado en la Universidad Complutense y realizar un máster en la Escuela Diplomática. Cuando está en España vive en Lavapiés con su mujer y su hija de seis años. Rachid no sufrió miradas torvas de españoles cuando aconteció la masacre del 11-M o los atentados de Cataluña, pero sabe de mujeres que sí las han padecido. «Las mujeres que llevan velo sí que han sido objeto de insultos», sostiene.

Antes de conseguir la nacionalidad española, cosa que ocurrió hace seis años, enviaba remesas de dinero a sus familiares en Marruecos, pero ya ha dejado de hacerlo, sobre todo desde que asume cargas familiares. «He vivido también en Noruega. Estando bien preparado y dominando varios idiomas es posible encontrar tu lugar. A veces notas un ambiente hostil por parte de gente poco viajada y sin mucha cultura», apunta el empresario. La ONG que dirige lleva a cabo un proyecto de inserción socio-educativa, financiado por el Gobierno de Rabat, en la prisión de Estremera (Madrid). Con su currículum, Rachid Ismaili no compite con los españoles en el mercado laboral.

Más que quitar puestos de trabajo a los autóctonos, los inmigrantes son víctimas de la explotación laboral. Magrebíes y subsaharianos que se dedican a la recogida de la fruta viven a veces en condiciones deplorables. Pueden llegar a cobrar seis euros brutos por hora trabajada, en ocasiones habitan covachas infectas y en el mejor de los casos consumen un tercio de su salario en pagar un alquiler para poder dormir en un albergue decente. En junio del año pasado los temporeros protagonizaron una huelga en el Baix Segre (Lleida), algo inédito en el campo español.

Cáritas prepara la inminente publicación de un informe en el que demuestra que los abusos laborales entre los extranjeros son moneda corriente. «Gran parte de la población que está sufriendo explotación laboral son inmigrantes. Quienes trabajan de manera irregular lo hacen por barreras administrativas. Si un senegalés llega a Barcelona, tendrá que acreditar para poder trabajar un mínimo de dos años de empadronamiento en el territorio. ¿De qué vive durante esos dos años? Las estrategias para afrontar esa situación pasan por trabajar en la economía sumergida», subraya Raúl Flores, encargado del equipo de estudios de la Fundación Foessa y de Cáritas España.

La inmensa mayoría de los extranjeros que entran en España no lo ha hecho saltando la valla de Ceuta o Melilla ni desembarcando en patera en la costa. Lo hacen viajando en avión, con pasaporte o visado en regla y unos cientos de euros en el bolsillo. El año pasado España recibió 532.482 extranjeros, una cifra que permitió que la población creciera por segundo año consecutivo (132.263 más que el año anterior). En cambio, los irregulares que han llegado en pateras a las costas españolas este año se limitan a 28.000.

Al margen de las concertinas y las devoluciones en caliente, Sebastian Rinken considera que España ha actuado generosamente con el inmigrante. «La sanidad pública es más abierta que la de muchos países de nuestro entorno. La sociedad española apuesta por la universalización de los servicios sociales. Que yo sepa, no existe ningún país en el mundo que permita, salvo España, el empadronamiento de los extranjeros que carecen de permiso de residencia. Es una concepción inusual, aunque tiene la ventaja de saber cuántos somos».

Alejandra dice que tiene mucho que agradecer a España. Con todo, hay cosas que no comprende. «Una amiga mía tiene tres hijos en Ecuador. Lleva 17 años trabajando aquí muy duro con su marido y consiguieron los dos la nacionalidad española. Uno de sus hijos, que estudió Psicología, pidió el visado de estudiante para poder venir a España y hacer un máster. Se lo denegaron y tuvo que cursarlo por internet. Ahora por fin le han autorizado la entrada para poder hacer las prácticas», apunta.