El PSOE quiere tener investigados los abusos en la Iglesia esta legislatura

Las prisas por tener concluida la compleja y prolija investigación confesadas por Gómez son bastante mayores que las transmitidas solo una hora antes por Félix Bolaños, ministro de Presidencia y de Relaciones con las Cortes y la persona que dirige el diálogo institucional con la Conferencia Episcopal. El ministro que impulsó esta iniciativa a petición de Pedro Sánchez habló de «años» como plazo para completar la indagación, a la vista de los ejemplos de otros países y sobre todo del formato francés, en el que se han inspirado los socialistas. Allí los expertos precisaron de tres años para estudiar toda la documentación, escuchar a miles de víctimas, concluir que a lo largo de 70 años se habían registrado más de 300.000 casos de abusos por al menos 3.000 religiosos, y proponer una serie de medidas para reparar el daño a las víctimas y para evitar que semejante tragedia volviese a repetirse, elementos muy similares a los que la PNL registrada por los socialistas pide al Defensor del Pueblo y a la comisión de expertos independientes que le apoyará.

La propuesta socialista rechaza el formato de la comisión de investigación parlamentaria patrocinado por Unidos Podemos, ERC y EH Bildu para destapar la pederastia en la Iglesia y apuesta porque Ángel Gabilondo, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos humanos, elabore un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel que deben jugar los poderes públicos para reparar el daño y asegurarse de que un escándalo así no puede repetirse. En esta labor contaría con una comisión independiente de asesoramiento formada por expertos, que él mismo designaría. Eso sí, la PNL indica quién no debería faltar en el grupo de trabajo: representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones de víctimas y de la propia Iglesia. Los expertos, no definidos en el texto, serían especialistas en el estudio de esta lacra, juristas, psicólogos y psiquiatras, sociólogos, pedagogos, etcétera, según la exvicepresidenta Carmen Calvo, la diputada socialista que negociará y defenderá la propuesta.

El objetivo del PSOE es que Gabilondo y sus expertos comiencen el trabajo muy pronto, por lo que quieren llevar la PNL al pleno, para que sea aprobada por la mayoría del Congreso, «lo antes posible». Aunque no arriesgaron fechas, este debate no será nunca antes del 22 de febrero, pues el escrito aún debe pasar los filtros de la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso y el grupo negociar el contenido con los demás partidos. Gómez aseguró que su deseo es lograr el mayor respaldo posible para la investigación e indicó que sus socios de Unidas Podemos ya la conocen y que la han acogido «bien». Un rato antes Bolaños incluso fue más explícito y optimista. Extendió los contactos preliminares ya realizados a los demás socios parlamentarios habituales e indicó que «ven bien que sea el Defensor del Pueblo quien lidere la investigación». El PNV, de hecho, tiene registrada una propuesta de investigación parecida, también con una comisión de expertos como protagonista.

Lo que dejó claro Gómez es que, si al final se sometiera a votación del pleno, rechazarán la propuesta registrada hace dos semanas por Unidas Podemos, ERC y Bildu, que pedía que las pesquisas se realizasen por una comisión de investigación del Congreso. El PSOE y el Gobierno consideran que el «formato adecuado» es el que ellos proponen, porque es el único que preservará la privacidad de las muchas víctimas que reclaman intimidad en sus declaraciones y denuncias y que evita un posible circo mediático durante las indagaciones. Se mostraron, no obstante, dispuestos a negociar otra serie de detalles con el resto de grupos, para ampliar al máximo el apoyo a la investigación, pero solo aceptarán como formato la comisión de expertos independientes.

Tanto el Gobierno como el PSOE indicaron que ya se han dirigido a la Conferencia Episcopal Española para pedirles no solo que den el visto bueno a su propuesta sino que se impliquen en la indagación con su participación en la comisión asesora y la entrega de los documentos que se les demanden. Bolaños comentó que, por el momento, no hay respuesta de jerarquía eclesiástica española, porque le han dicho que aún debe ser debatido y discutido por sus órganos de gobierno.