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Rosa Rocha, directora de un instituto público de Madrid, ha tenido que requisar móviles a muchos de sus estudiantes. La mayoría ha entregado sus dispositivos sin queja, pero ha tenido alumnos «que ni te puedes imaginar sus reacciones». Rocha, miembro de la Federación de Asociaciones ... de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), describe casos de ataques de histeria, de crisis de ansiedad, de llantos y de conductas agresivas. «El móvil forma parte de su piel, es como si se la arrancaras», ilustra la directora del IES Guadarrama, un centro con 917 estudiantes. «Además», añade, «hay padres que aún te cuestionan por qué su hijo no puede usar el teléfono», un asunto que antes le daba sus quebraderos de cabeza pero que ahora zanja con la ley en la mano. En 2020 la Comunidad de Madrid aprobó un decreto que prohíbe el uso de los móviles durante la jornada escolar, permitiendo solo su uso como herramienta didáctica o por razones de salud.
«Es bueno tener una norma superior que respalde a los profesores. Es preferible que las familias y los chicos sepan lo que hay». Con todo reconoce que la leyes una cosa y su aplicación otra. «Todos los días tenemos problemas con los móviles, es una lucha agotadora porque hay alumnos que en cuanto te descuidas lo utilizan para ver TikTok o lo que sea».
En algunos colegios han optado por obligar a los estudiantes a depositarlos en cajones y recogerlos al finalizar las clases. «En centros pequeños y más manejables puede funcionar, pero en institutos con 900 alumnos es imposible. Además no quiero ni pensar que los pudieran robar», comenta la docente.
Directores y profesores como Rosa observan con moderado optimismo la propuesta que la ministra de Educación, Pilar Alegría, trasladó el miércoles a las comunidades autónomas para restringir el uso del móvil tanto en primaria (alumnos de 6 a 12 años que lo tendrían vetado completamente) como en secundaria, donde se limitaría a fines educativos, quedando excluido su uso también en los recreos. «La posición inicial es esta. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es ir hacia una regulación común en todo el país, que no haya 17 regulaciones dispares de las 17 comunidades», detalla una fuente cercana a Alegría. Ministra y consejeros han quedado en volver a verse en enero y tratar de avanzar en una normativa uniforme dirigida al uso «correcto y saludable de los móviles y el conocimiento de sus riesgos y beneficios».
Alegría quiere que en la cita del próximo mes esté presente el Consejo Escolar del Estado, el principal órgano consultivo en materia de Educación en España, y donde conviven las distintas voces de la comunidad educativa: profesorado, sindicatos, familias y alumnado.
En declaraciones a este periódico, su presidenta, Encarna Cuenca, que fue docente de primaria y secundaria, valora el paso dado por Alegría. «Cualquier cosa que tenga que ver con un acuerdo y con coordinarnos me parece una muy buena idea de entrada. Y si el ministerio nos llama, vamos a estar para aportar nuestra visión e intentar buscar una solución en la que todos nos sintamos cómodos».
El uso del móvil en los centros escolares es uno de los asuntos que se encuentran sobre la mesa del Consejo, pero «tenemos que ver cómo lo enfocamos», señala Cuenca, que cree que la premisa debe ser «educar en un uso adecuado y responsable» de estos dispositivos.
Actualmente hay cuatro comunidades que han regulado el uso del móvil –con sus motivos para requisarlo– en colegios e institutos. Son Castilla-La Mancha, que lo lleva haciendo desde 2014 y fue la primera, Madrid, Galicia y Andalucía, la más reciente. Otras como Cataluña están en proceso.
Profesores, sindicatos educativos, padres y psicólogos coinciden en la necesidad de una regulación a nivel estatal con el acuerdo de las diferentes comunidades para evitar distracciones y fomentar la socialización entre los alumnos. «Con carácter general su uso no es adecuado porque dificulta la práctica docente y genera distracción en el aula. Su regulación es necesaria, sin perder de vista que existen usos pedagógicos, y por tanto positivos, para emplearlo como una herramienta más de aprendizaje», apuntan desde ANPE, el principal sindicato de profesores de la enseñanza pública.
En esta línea se pronuncia Leticia Cardenal, vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), que pide que el ministerio «escuche la voz de las familias porque tenemos mucho que decir». «Regular es una cosa y prohibir, otra. En ciertas actividades escolares el móvil es una herramienta muy útil», apunta Cardenal, que insiste en «no demonizar las nuevas tecnologías» y apuesta por educar y formar en su «buen uso».
Patricia Álvarez, profesora de inglés en el IES San Juan Bautista de Madrid y adjunta a la Jefatura de Estudios, corrobora estas palabras: «Para actividades concretas que planteamos en el aula es de gran ayuda». Y la psicóloga experta en trastornos infantiles y juveniles Silvia Álava, del Gabinete Álava-Reyes, sostiene que el móvil interfiere en los vínculos de los alumnos. «Es mejor que no esté presente en los colegios».
Por su parte, Diana Díaz, directora del Teléfono /Chat de la Fundación ANAR, dice que vienen observando un «uso indiscriminado del móvil a edades tempranas, incluso en contexto escolar, que puede favorecer conductas de riesgo y obstaculizar el desarrollo de la concentración y atención en las tareas escolares». Por ello cree que la normativa es adecuada «y debe también extenderse a las familias como primer agente de socialización».
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