Condenado a cuatro años por abusar de una niña que empleó en su casa a cambio de manutención

El tribunal de la Sección Tercera de lo Penal considera que el comportamiento de J. M. S. P. no puede ser calificado como agresión sexual continuada, tal y como estimó el fiscal que interesó nueve años de prisión porque no ha quedado «suficientemente acreditada» en juicio que ejerciese «violencia o intimidación» sobre la menor y relativiza dos episodios en los que el Ministerio Público hacía hincapié. La sentencia encuadra el comportamiento del acusado tampoco aprecia que hubiese abuso de superioridad al no existir «ni vínculo de parentesco, ni de índole laboral, ni de dependencia, ni de otro tipo más allá de la diferencia de edad de uno y otra».

Sostiene, no obstante, que «esa diferencia de edad, teniendo en cuenta las circunstancias personales en las que se encontraba la menor, mendigando y con una madre que, al parecer, se dedicaba a la prostitución y que permitía que su hija se fuese con hombres mucho mayores que ella, no se estima suficiente, en todo este contexto, para aplicar el subtipo agravado».

Según los hechos probados, el procesado contactó con la niña de 13 años en diciembre de 2017 en el Paseo Marítimo de la capital, donde ella «deambulaba frecuentemente», ya que estaba junto con «su madre y su hermano en una situación de precariedad». Indica que propuso a la menor que le «ayudase en las tareas domésticas de su vivienda a cambio de dinero y comida, y así, remediar su situación», una proposición, según ahonda el fallo, «a la que ella accedió».

El tribunal recoge como acreditado que, entre diciembre de 2016 y enero de 2017 ya que él fue detenido en su domicilio en esa fecha, solicitó a la víctima que «tuviesen relaciones sexuales», a lo que ella «se negaba» y, además, «le hizo objeto en diversas ocasiones de tocamientos en la zona genital y en el pecho». «Le hacía peticiones de besos, de 'piquitos' y también realizaba frotamientos de sus genitales contra la espalda y las nalgas de la menor, que se negaba a ello y lo rechazaba», detalla.

Al margen de la pena privativa de libertad, la Audiencia Provincial de Almería condena a J. M. S. P. a seis años de libertad vigilada y le prohíbe acercarse a su víctima a menos de 500 metros durante seis años. En concepto de responsabilidad civil le impone el pago de 10.000 euros de indemnización por los daños morales causados.