La Confederación del Guadalquivir frena un proyecto turístico de lujo frente a Doñana

El organismo hidrográfico, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, asegura que existe riesgo de inundación de los terrenos, recuerda la falta de recursos hídricos en la zona y llama la atención sobre la posibilidad de que el Guadalquivir tenga que aportar agua a la urbanización. «Las masas de agua existentes en la zona no pueden utilizarse como fuente de recurso y aún no existe concesión vigente, que depende de la aprobación del trasvase», subraya el informe.

En plena polémica por la explotación de los recursos acuíferos de Doñana, los expertos de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir estiman que la nueva urbanización requeriría más de 800.000 metros cúbicos de agua al año entre el consumo humano y el riego de los espacios libres públicos y privados y el campo de golf.

Además, advierten de que la modificación prevista del PGOU de Trebujena (un bastión histórico de Izquierda Unida en Andalucía) para albergar el macropoyecto no cuenta con «autorización para el vertido de las aguas residuales procedentes de su núcleo urbano», de tal manera que ese vertido de las aguas residuales «procedentes de la aglomeración urbana se realiza sin depuración de dominio público hidráulico».

El macroproyecto turístico de Trebujena, rechazado de forma frontal por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha agrandado la brecha abierta entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía por la legalización de regadíos en Doñana, un acuerdo del PP y Vox que se ha paralizado hasta después de las elecciones del 28-M por la oposición del Gobierno central. Pero en el caso de Trebujena, el presidente andaluz, Juanma Moreno, quiso eximirse de toda responsabilidad y dijo este viernes que su Ejecutivo ha sido un «mero tramitador» de un plan que aprobó el PSOE en sus años de Gobierno en esta comunidad.

«Es un proyecto que inició el PSOE para un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida y al que Juan Espadas (actual secretario general del PSOE-A) abrió la puerta como consejero de Ordenación del Territorio en su momento», declaró Moreno. «Nosotros hemos sido meros tramitadores y la autoridad hídrica, que es el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha tomado la decisión y, por tanto, la respetamos».

El macroproyecto turístico de lujo de Trebujena se remonta a hace 20 años. En 2003, el Ayuntamiento del municipio, gobernado también entonces por Izquierda Unida, firmó un acuerdo con el empresario belga Bernard Devos por el que, a cambio de cinco millones de euros, los terrenos de una marisma desecada (que debían ser recalificados) se convertirían en una urbanización de lujo. En 2007, el consistorio aprobó el nuevo plan de ordenación urbana y recibió otros 1,8 millones y en 2011, el Gobierno andaluz del socialista José Antonio Griñán lo avaló.

Tras ocho años en el cajón, el proyecto se reactivó en 2019 con otra nueva modificación del PGOU que contemplaba las 300 villas para residentes y hace unas semanas, el Gobierno de Juanma Moreno concedió su beneplácito a los planes de Trebujena, aunque a expensas del informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este miércoles en el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó frontalmente el proyecto, que calificó de «absurdo», y acusó a Moreno de «invitar a tener un desarrollo de un resort de superlujo que se beba el agua de Doñana».

La respuesta andaluza llegó de parte del consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que calificó a la ministra como «hooligan radical». Fernández-Pacheco negó que la urbanización afectara a Doñana al señalar que se encuentra a 30 kilómetros del Parque Nacional y en la otra orilla del Guadalquivir.