Derecho a usar el asturiano, pero no el deber de conocerlo

Según el Constitucional, «en los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene plena validez jurídica en dicho territorio». Así, la instauración por el art. 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas tiene consecuencias para todos los poderes públicos, en primer término el derecho ciudadano a usar cualquiera de las dos lenguas ante la Administración». Eso sí, también ha dicho que «no existe un deber de conocimiento de una lengua cooficial», este se reserva para el castellano.

A la luz de ese derecho, cualquier administración debe estar preparada para atender en esa lengua, lo que que implica que al menos una parte del personal la conozca. «Nada se opone a que los poderes públicos prescriban el conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario, o que se considere como un mérito más su conocimiento», dejó dicho el Constitucional.

Barbón adelantó que el asturiano «no será requisito inequívoco para acceder a la función pública», pero obvia que tendrá la obligación de abrir una puerta a quienes quieran opositar utilizando el asturiano y de que se necesitarán funcionarios que les atiendan, ya sea por medio de cursos de formación o exigiendo su conocimiento en los procesos de acceso.

También corresponderá al Principado «organizar la enseñanza que debe recibirse en una y otra lengua en los diferentes niveles educativos». El presidente es claro en ese sentido: «No tenemos la intención de que el asturiano tenga carácter troncal ni el bilingüismo. No será vehicular si nosotros lideramos el proceso», aclaró. Lo que sí será obligatorio será al menos una asignatura que garantice que todos los asturianos puedan aprender la llingua. En cualquier caso, aclara el Constitucional, «los poderes públicos deben garantizar el derecho a no ser discriminados por el uso de las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma».

En la misma línea que se trabaja ahora, y a través de un programa marco, se supone que la Junta General también podrá instar a las cadenas de radiotelevisión públicas a que emitan un mínimo de contenidos en asturiano. Contenidos que ya están presentes, pero que a los 'oficialistas' les parecen insuficientes.