Una asignatura frente a la radicalización

«Por lo menos, daría un espacio en la escuela pública para el islam democrático, para contar con esa alternativa», reclama Natalia Andújar, vicepresidenta de la asociación Junta Islámica y excoordinadora de la Comisión de Formación de la CIE. «Sobre todo en Ceuta y Melilla, donde en el paso a Secundaria los alumnos se enfrentan con un cambio de mentalidad, y con un nuevo mensaje que no se ajusta al marco democrático». Fuera de la escuela, señala, es mucho más difícil controlar qué aprenden los jóvenes, y quién les enseña.

«En la mayoría de casos de radicalización que se detectan, esta se ha producido a través de internet», apunta Andújar. Aunque ella es partidaria de una asignatura de religión común, no confesional, asegura que impulsar Religión Islámica puede tener sus ventajas. Especialmente, recalca, con el currículum de la asignatura que se aprobó a finales de 2014. «Es revolucionario, un avance tremendo. Sinceramente, no sé cómo pudo aprobarse con el beneplácito de algunas comunidades musulmanas», asegura. «Recoge claramente la igualdad de oportunidades y de género, el respeto a los derechos humanos y la oposición a cualquier tipo de violencia».

Aun así, Andújar asegura que haría falta controlar todo bien. «Ahora mismo no existe ningún control sobre qué contenido dan estos profesores pese a que lo hemos pedido desde la CIE», afirma. Solo así, Religión Islámica podría convertirse en un instrumento para evitar la radicalización de los jóvenes. En todo caso, recalca, desde 1992 existe un convenio entre el Estado y la comunidad musulmana para implantar la asignatura en las escuelas públicas siempre que exista suficiente demanda.

La norma en vigor dice que la asignatura de religión (católica, judía, musulmana o evangélica) debe ofertarse en cualquier centro de enseñanza público con más de diez alumnos interesados por ciclo. Y aunque nadie tiene los datos exactos de cuántas clases adicionales podrían formarse en toda España, las asociaciones de musulmanes afirman que faltan muchas y que, además, en la actualidad está todo paralizado. Que ni el Ministerio de Educación ni las consejerías del ramo de las comunidades autónomas quieren contratar nuevos profesores.

«El año pasado, solo en Almería, presentamos once propuestas de colegios en los que había alumnos suficientes», argumenta Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri). Como respuesta, apunta, el Ministerio les hizo llegar una circular donde les explicaban que habían decidido congelar las contrataciones. «El acuerdo de cooperación dice que todo alumno tiene derecho cuando haya al menos diez peticiones por ciclo, pero no hay voluntad política», asegura. «Además de una discriminación, esto solo fomentará la radicalización de jóvenes».

La comunidad musulmana en España lleva años envuelta en un conflicto por el control de la CIE. Hasta finales de 2015, esta contaba con dos secretarios generales, presidentes a su vez de las dos principales organizaciones islámicas del país, la Feeri de Benjelloun y la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), liderada por Ryad Tatari. Según el Gobierno, las tensiones entre ambas hacían imposible contar con un interlocutor representativo junto al que tomar medidas contra la radicalización. En septiembre, aprobaron un real decreto que rompió la bicefalia y creó la figura de presidente de la CIE, que ahora ostenta Tatari.

«Hasta hace poco, los conflictos internos no afectaban porque existía un acuerdo tácito de no bloquear propuestas de contratación de profesores», afirma Andújar. Tras el real decreto, sin embargo, todo está paralizado. «Ahora, institucionalmente, nadie está haciendo nada».