Padres y alumnos logran un seguimiento notable en la huelga contra las reválidas

El paro, la tercera huelga general educativa contra la Lomce y la primera de este curso, se dejó notar de manera significativa en los centros escolares de casi todas las autonomías y decenas de miles de padres, alumnos y profesores, apoyados por representantes políticos, exigieron, tanto por la mañana como por tarde, el final de la Lomce, de las reválidas y la reversión de los recortes 90 en manifestaciones, sin incidentes reseñables, que recorrieron las calles de medio centenar de ciudades y capitales españolas y de un puñado localidades extranjeras, como Nueva York, Londres, México o Estocolmo.

La huelga solo fue convocada en todo el país por Ceapa, el Sindicato de Estudiantes y la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), salvo en Madrid, Andalucía y País Vasco, donde también se sumaron algunos organizaciones de docentes, pero buena parte de los sindicatos de profesores, así como PSOE, Podemos e Izquierda Unida, respaldaron las reivindicaciones y se unieron a las manifestaciones más multitudinarias, las celebradas por la tarde.

José Luis Pazos, secretario general de Ceapa, y Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, calificaron la huelga de "éxito arrollador" y aseguraron que fue seguida de forma muy mayoritaria. El primero calculó que el paro fue casi total en Bachillerato y del 90% en los últimos cursos de la ESO -los alumnos más directamente amenazados por las reválidas-, que alcanzó el 85% en el resto de la Secundaria y que incluso logró del 60% en Infantil y Primaria. García, con bastante menos detalle, indicó que el seguimiento medio del paro en todo el país fue del 90%.

Guerra de cifras

El Ministerio de Educación, a través de sus portavoces oficiales, rebajó sustancialmente estas cifras, pero aún así admitió que no habían ido a clase entre el 30% y el 40% de los alumnos de escuelas e institutos, lo que supone entre 2,4 y 3,2 millones de estudiantes, y limitó el paro de los profesores en las regiones en las que el colectivo se había sumado a la huelga a un 12% de media.

Las cifras de seguimiento aportadas por los ejecutivos autonómicos reforzaron la idea de que la huelga había tenido un eco amplio en las aulas, pero también dejaron entrever su sesgo político. Las autonomías no gobernadas por el PP también han exigido al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que renuncie a implantar unas reválidas que condicionen el título en ESO y Bachillerato y que recupere el modelo de la selectividad como prueba para fijar la nota de acceso a la Universidad, que este año sería sustituido por el examen externo de Bachillerato. Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria o Extremadura calcularon la incidencia del paro entre el 70% y el 90%, según los casos, mientras Cataluña lo fijaba en el 41%. Los ejecutivos populares de Madrid, Murcia o Castilla-León, por su parte, dieron porcentajes que rondaban el 15%.

Méndez de Vigo procuró responder a las protestas con un tono conciliador, pero defendió la vigencia de la Lomce, una ley que el PP impuso con su antigua mayoría absoluta a toda la oposición y a la mayoría de la comunidad educativa, y la implantación de ambas reválidas en este curso.

Ni habló de la paralización en la aplicación de la norma que todos los partidos le reclaman para iniciar un diálogo de cara a lograr un pacto educativo nacional -que él también dice que intentará lograr-, ni avanzó si aceptará una moratoria de cuatro años -durante la que estas pruebas se harían, pero sin valor académico alguno-, como Ciudadanos anunció hace días a que se había comprometido con su partido.

Dimisión y ultimátum

Se limitó decir que muy prontó, en cuanto haya Gobierno del PP, se dictará la orden que regulará estas pruebas y a pedir tranquilidad a alumnos, padres y profesores. Aseguró que ese documento confirmará que en el primer año de implantación los estudiantes se podrán titular sin aprobar estos exámenes y que la prueba que sustituirá a la selectividad será muy "similar" y la nota que se logre -un 60% de Bachillerato y un 40% de la reválida- servirá también para acceder a cualquier universidad española.

La contestación de los convocantes al ministro no se hizo esperar. Ana García le conminó a acabar con las reválidas "de aquí al lunes", le exigió su dimisión y avisó al Gobierno de Rajoy de que mientras no de su brazo a torcer verá nuevos paros y protestas. José Luis pazos fue aún más concreto. Dio al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy cuatro meses de plazo "para derogar las reválidas, iniciar la tramitación de la derogación de la Lomce y aprobar una legislación que impida nuevos recortes educativos" y le advirtió de que, en caso contrario, Ceapa se pondrá en contacto con sindicatos y estudiantes este mismo mes de noviembre para convocar una nueva huelga general en el sector el próximo mes de febrero.