La justicia insta al Govern a cumplir la sentencia del 25%

El TSJC rechazó dos recursos presentados por el Govern catalán contra la orden dictada por el propio tribunal de que la sentencia debía ser ejecutada de manera forzosa. El Govern presentó los recursos el 17 de mayo. Quedaban dos semanas para el último plazo que le dio la justicia para que cumpliera la sentencia.

El tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores. «Nuevamente, atribuye vulneraciones de los derechos de los alumnos y profesores por razón del cumplimiento del fallo; sin embargo, no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuando lo que se trata de asegurar es un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas», afirma el Superior de Justicia.

«Ha de decirse que no se trata de afectar los derechos de alumnos y profesores, sino de garantizar un mínimo de enseñanza efectiva e inmediata mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano», remata el escrito judicial.

El TSJC hizo públicas este miércoles cuatro respluciones relacionadas con el caso del 25%. Rechaza dos recursos de la Generalitat y confirma la ejecución que ordenó a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y además descarta que las entidades Òmnium, Plataforma per la Llengua, USTEC se personen en la causa como parte afectada.

Al Govern, no obstante, aún le queda una baza para tratar de esquivar el cumplimiento de la sentencia. El TSJC todavía tiene que dar respuesta al escrito presentado por la Generalitat el último día de mayo, cuando expiraba el plazo dado por la justicia para ejecutar el fallo. En ese escrito, el Govern alegó que la sentencia es inaplicable, en tanto en cuanto existe una nueva normativa legal, aprobada por la Generalitat in extremis en un decreto, que asegura explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas, reafirma el catalán como «lengua vehicular» y reconoce el castellano como lengua de «uso curricular».

González-Cambray envió a los centros escolares instrucciones y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adapten al nuevo decreto aprobado por la Generalitat. En paralelo, el Parlamento catalán aprobó una ley sobre el uso del catalán, que ratificó el catalán como lengua vehicular y reconoció el castellano como curricular.