Las educadoras acusadas de abusos en San Sebastián podrán volver al centro pese a la oposición de fiscal y acusación

La única medida cautelar adoptada por la titular del juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián es una orden de alejamiento de las dos profesionales con respecto a la niña que presuntamente sufrió los abusos y también sobre su hermano mellizo, que también acudía al mismo espacio educativo en el que únicamente están inscritos otros cuatro menores de hasta seis años de edad.

Según fuentes judiciales, tanto el fiscal como la letrada que representa a la familia de los pequeños –que es de Guipúzcoa pero reside en otro territorio limítrofe– habían reclamado asimismo el alejamiento de las docentes con respecto al espacio educativo, pero también fue rechazado porque, al parecer, los padres afectados no tienen intención de que sus hijos regresan a este centro, en el que los dos hermanos se iniciaron el pasado septiembre.

Tras tomar declaración a las dos investigadas el pasado martes, la juez ha enviado ya el caso a reparto para que sea asignado al juzgado que finalmente llevará a cabo la instrucción. El proceso comenzó con la denuncia que la familia presentó por un supuesto delito de abuso sexual sobre su hija de 4 años, a quien la juez ha otorgado plena credibilidad, lo que conllevó el arresto de las cuidadoras el pasado lunes. Así, a primera hora de la mañana, la Ertzaintza detuvo a las dos en sus respectivos domicilios de San Sebastián y Hondarribia, y ambas presenciaron la inspección policial en su lugar de trabajo, como informó Diario Vasco. También sus viviendas fueron registradas. Habrá que esperar el resultado de las posibles pruebas ocupadas.

Las dos fueron puestas en libertad el mismo lunes. La principal prueba de cargo contra ellas es el testimonio de la niña, que al tratarse de una menor servirá ya de prueba preconstituida para que la pequeña no deba volver a declarar durante el proceso. La investigación tratará de determinar el presunto grado de implicación de las denunciadas, que el mismo martes –mientras comparecían en el juzgado por espacio de unas nueve horas–, recibieron el apoyo de varias familias que llevan o han llevado a sus hijos a este centro que se define como de «educación libre» y sigue el método de Wilhelm Reich. En su nota, las diez firmantes instaban a respetar «la presunción de inocencia» de las cuidadoras y expresaban su deseo de que «prevalezca la verdad».

En el presente curso, solo seis niños y niñas estaban matriculados en este espacio educativo: los dos hermanos de cuatro años, y otros cuatro pertenecientes a tres familias que, según han trasladado a este periódico, tienen la intención de que sus hijos regresen al centro en el caso de que se proceda a su reapertura. Las dos acusadas son una pedagoga y psicomotricista que lleva cuatro años trabajando en el centro y una joven en prácticas que se inició en septiembre. Está ubicado en un espacio de titularidad municipal concedido al Club de Arte Catalina de Erauso, que a su vez lo viene cediendo desde hace ya varios años a este centro educativo a cambio de una cantidad «simbólica», según explica la junta directiva de esta asociación cultural.