España culmina el segundo verano con más crímenes machistas

Veinticinco mujeres murieron este verano a manos de su maridos, novios o exparejas. Una cifra prácticamente desconocida en veinte años, el tiempo que España lleva contabilizando las fallecidas por esta lacra. Solo otro verano fue peor, el de 2018, cuando los asesinos machistas mataron a una mujer más, a 26. En los últimos tres meses hubo una media de dos asesinatos cada semana, con tres episodios distintos de tres muertes en solo 24 horas.

Semejante drama deriva de un julio y agosto con uno de los volúmenes de crímenes de género más altos de la última década (ocho y siete), pero sobre todo de un septiembre nefasto. El mes pasado fueron asesinadas por sus parejas o exparejas diez mujeres en puntos de todo la península. Es el septiembre más negro desde que se estableció el registro español de víctimas en 2003 y el remate de un año terrible para la violencia machista. Las 50 mujeres asesinadas desde el 1 de enero superan ya las fallecidas todo el ejercicio pasado y convierten los actuales en los peores nueve primeros meses desde hace trece años.

La avalancha de crímenes obligó al Ministerio de Igualdad a reunir este miércoles su comité de crisis, donde junto a responsables de Interior, Justicia, de la Fiscalía y de las autonomías analiza los homicidios del mes, para ver qué medidas es posible tomar para evitar muertes en circunstancias semejantes. El comité se convoca siempre que se superan los cinco crímenes y este año ya ha habido cinco, enero, mayo, julio, agosto y el presente.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, señaló tras el comité que la cifras de crímenes de género del verano demuestran que estamos ante «una auténtica emergencia nacional» y aseguró que esta ola de asesinatos solo se puede frenar con dos acciones muy concretas.

La primera es un llamamiento a todos los ciudadanos, especialmente los familiares y allegados de las víctimas, para que «rompan con el silencio cómplice con los agresores», para que alerten al 016 o a la policía de cualquier indicio de maltrato, porque muchos vecinos y conocidos de las muertas de este año sabían lo que ocurría y no hicieron nada para impedir la impunidad del violento, indicó. De las 25 asesinos del verano solo cinco, un 20%, habían sido denunciados por maltrato, lo que dificulta que fuerzas de seguridad y servicios sociales traten de rescatar a las víctimas y evitar los crímenes.

La segunda exigencia es netamente política y va dirigida principalmente a las comunidades autónomas y ayuntamientos, especialmente a las que tienen miembros de Vox en sus gabinetes. Aseguró que «es imprescindible abandonar el negacionismo cuando hay 50 muertas sobre la mesa» y reclamó que conviertan la lucha contra la violencia de género en una prioridad. Señaló que la única forma de poner freno a esta lacra es implicarse de verdad en una detección «proactiva» de las víctimas que no denuncian ni piden ayuda, «solo así se llegará a tiempo de salvarlas». Esa detección «proactiva», aseguró, debe impulsarse desde las instituciones en todos los puntos críticos para las víctimas: en colegios e institutos, centros de salud, consultas de salud mental, en los juzgados de familia, en los servicios de atención domiciliaria, de ayuda a la discapacidad o de atención a la dependencia. Una mujer no puede llevar años yendo a una consulta de salud mental, como ocurrió con una asesinada de este verano, sin que nadie se dé cuenta que es una maltratada, añadió.

Denunció que hay autonomías y municipios que no están ejecutando las reformas legales y reglamentarias realizadas en los dos últimos años para mejorar la lucha contra la violencia machista pese a que han recibido los fondos necesarios para ello por parte del Gobierno de la Nación. Indicó que la clave en este lucha es la «voluntad política» para abordarla y que en España «necesitamos más voluntad política desde más lugares» y que todas las administraciones «se tomen en serio lo que dice el BOE».

Rodríguez avanzó, además, que el Gobierno propondrá a la UE un teléfono 016 de ámbito europeo y también la creación de un VioGén continental, extender el sistema policial español que es capaz de valorar el riesgo de las maltratadas y de sus hijos y aconsejar medidas control y seguridad. Pedirán a sus socios que al menos estudien compartir datos y antecedentes sobre violencia contra las mujeres para que la policía pueda controlar a los maltratadores que llegan a España con visados turísticos para estancias de media y larga duración, que ya han causado varias muertes.

Igualdad también pretende difundir con más ahínco el sistema de ayuda y protección Atenpro entre las víctimas que pidan ayuda en los juzgados o en los servicios sanitarios o sociales y facilitarles el acceso. Se trata de un servicio telefónico de 24 horas al que se accede a través de un dispositivo que mantiene siempre geolocalizada a la mujer. Sirve para que la víctima pueda asesorarse, para que pueda pedir ayuda en situaciones de riesgo gracias al conocimiento constante de su situación y a la conexión con las fuerzas de seguridad y para los gestores le hagan llamadas de control y seguridad desde la central cada quince días o un mes.