Piden 25 años para el acusado de matar a su mujer y emparedar su cadáver en Torrevieja

Se trata del primer caso por una muerte de violencia machista ocurrida en el sur de la provincia de Alicante que asume la oficina del jurado de la institución, tras la ampliación de sus competencias.

Anteriormente, los crímenes de mujeres perpetrados por sus parejas o exparejas en las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja eran enjuiciados en Elche por la sección séptima de la Audiencia, que tiene su sede desplazada en esa ciudad, según las mismas fuentes.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía relata que el acusado, el ciudadano chileno John Charlie Leiva Tello, mantuvo durante 15 años una relación sentimental con la víctima, de su misma nacionalidad y con la que tuvo dos hijos.

La pareja y dos niños, de 8 y 14 años en la actualidad, fijaron su domicilio en una vivienda ubicada en el número 41 de la calle Ramón y Cajal, en Torrevieja.

Durante su último año de convivencia, en 2016, las discusiones entre ambos se hicieron frecuentes y la mujer comenzó a vivir «con temor» hacia su compañero, según el Ministerio Público.

De hecho, llegó a entregar su pasaporte y los de sus hijos, junto a otra documentación de carácter personal, a una amiga para que ésta los guardara, pues la situación familiar era «insostenible» y tenía intención de regresar a Chile con los menores.

Según la Fiscalía, en una fecha no determinada pero comprendida entre la madrugada del 12 y el 14 de junio de 2016, John Charlie Leiva mató a su mujer.

Supuestamente se aprovechó de su mayor estatura y su superior complexión física para acorralarla en la terraza de la vivienda, le impidió cualquier posibilidad de huida o defensa, y la estranguló.

Tras acabar con su vida, siempre según la versión acusatoria, bajó el cadáver de la mujer hasta el cuarto de contadores de la comunidad y la emparedó en dicho lugar.

El presunto asesino, que tenía conocimientos de cerrajería y albañilería, depositó presuntamente el cuerpo de su compañera en el hueco del habitáculo y lo cubrió luego con cementos y ladrillos.

En ello invirtió, según el Ministerio Público, «varias semanas» y llegó incluso a utilizar «ambientadores» a fin de «disimular el olor del cadáver en descomposición».

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y reclama inicialmente para él 25 años de prisión.

Además, pide que se le prive del derecho a ejercer la patria potestad respecto a sus hijos y que se le condene a estar alejado y no poder comunicarse con ellos ni con su suegra durante 10 años.