Harán falta diez años para acabar con la lista de espera de la dependencia

A finales del año pasado desesperaban en este limbo burocrático las familias de 270.325 españoles, según los cálculos del Observatorio Estatal de la Dependencia, impulsado por la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En otras palabras, el ritmo anual de resolución completa de solicitudes solo era un poco superior al de nuevos solicitantes, por lo que a lo largo de 2024 la lista de espera solo se rebajó en 26.106 personas. Del cuarto de millón de españoles que sigue a la espera de que las autonomías les reconozcan sus derechos, unos 142.000 ya tenían certificado algún grado de dependencia, pero aún no recibían ni ayuda ni prestación, y otros casi 128.000 seguían a la espera de que les contestasen a la demanda inicial.

Los motivos fundamentales de este enorme cuello de botella, según los citados expertos, son principalmente tres: una inversión pública insuficiente, el exceso general de burocracia para lograr los reconocimientos y un especialmente escaso desarrollo del sistema de dependencia en algunas autonomías.

El gasto público en dependencia, de unos 12.000 millones de euros en 2024, está en máximo históricos, pero esa cantidad, que representa el 0,8% del PIB español, sigue siendo la mitad de lo que destinan de media nuestros vecinos de la Unión Europea para la prestación de unos servicios fundamentalmente dirigidos a mayores y personas con algún tipo de discapacidad.

El Gobierno ha hecho en los últimos años un notable esfuerzo de aumento del gasto, con la elevación del presupuesto estable y la financiación de un plan de choque con unos 1.800 millones, pero la falta de Presupuestos del año pasado, amenaza que puede repetirse este año, ha congelado las aportaciones, que habían crecido desde 2019. En ese lustro la contribución directa del Gobierno a la financiación del sistema ha llegado al 39%, con un aumento del 50%, pero aún está lejos del objetivo nunca cumplido de que el Estado asuma la mitad de todo el gasto público en este servicio.

El exceso de burocracia lo deja claro el hecho de que, de media, los beneficiarios tengan que esperar 334 días entre su solicitud y la recepción de la ayuda o servicio, dilación que en Andalucía casi se duplica, con 602 días de demora, o con retrasos de 561 días en Canarias y de 520 en Murcia. De hecho, las dos últimas autonomías, junto a Cataluña y Cantabria, son, según el observatorio nacional, los territorios donde peor funciona el sistema.

Uno de los resultados más dramáticos de esta limbo burocrático es que hasta 34.252 dependientes fallecieron el año pasado a la espera de recibir la prestación o ayuda pública a la que tenían derecho. Falleció a la espera uno cada 15 minutos. La mitad de ellos tenía ya reconocida la situación, pero no se habían activado aún sus servicios, y la otra mitad todavía seguía a la espera de la contestación a su solicitud.

Los directores y gerentes de servicios sociales añaden que la infrafinanciación de la cartera de servicios no solo tiene atascada la infraestructura sino que está consolidando en España lo que ellos denominan un sistema de bajo coste o 'low cost'. El número de beneficiarios de la dependencia alcanza ya los 1.636.757 españoles, lo que supone el máximo histórico y 106.558 ciudadanos atendidos más que solo doce meses antes, pero los datos también apuntan a que es una cifra engañosa, porque lo cierto es que se han consolidado e institucionalizado ya en la práctica unos servicios y prestaciones de baja intensidad y escasa cuantía de forma mayoritaria.

Como ejemplos de ello el informe indica que hay 65.973 beneficiarios que como única ayuda disfrutan del servicio de teleasistencia (en Madrid los que no tienen más prestaciones o apoyos que esta son nada menos que uno de cada tres) y que cuatro de cada diez dependientes españoles no tienen más respaldo económico o personal que los 264 euros mensuales que de media les abonan para compensar el trabajo del cuidador familiar que les echa una mano, sin más apoyo profesional o institucional.

Como conclusión, los gestores de servicios sociales calculan que sería necesario un incremento sostenido en los Presupuestos del Estado de 1.000 millones para que poder elevar la calidad de los servicios y recortar a mayor ritmo la lista de espera. Esfuerzo que, según indican, debe complementarse con igual fin con la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de la dependencia y la activación de las ayudas.