Igualdad pide una reunión urgente a Marlaska para acelerar medidas contra la ola de crímenes

Tanto los altos cargos de la cartera que dirige Irene Montero como los que están a las órdenes de Fernando Grande-Marlaska tienen claro que ninguna de estas mejoras son ejecutables de hoy para mañana. Igual piensa la titular de Justicia, Pilar Llop, que este viernes se reunió con el presidente del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado para buscar salidas a los asesinatos. Ahora, creen todos, lo único que se puede hacer para frenar la avalancha de muertes es que quienes luchan en primera línea contra esta lacra (policías, jueces, fiscales y trabajadores sociales y sanitarios) extremen aún más sus controles para anticiparse a los homicidas y que familiares, vecinos y allegados de las víctimas den el paso de denunciar. Los temas a debate son avances a medio plazo, pero Igualdad quiere aprovechar la situación de alarma social para implantarlos ya.

El equipo de Montero llevará a la reunión cuatro grandes propuestas, las mismas que presentará en breve a las autonomías en la conferencia sectorial. Quieren cerrar las grietas en el sistema que han puesto de manifiesto los trece asesinatos de género de diciembre (siete en siete días) y la anormalidad de que más del 50% de los homicidas hubiesen sido denunciados por sus víctimas u otras parejas, el doble de lo habitual y la constatación de que las instituciones esta vez llegaron tarde. Este viernes, por un día esta lista de crímenes dejó de aumentar. El juez de Benidorm concluyó que por ahora no hay pruebas de que la joven que murió tras caer desde un sexto piso lo hiciese acosada por su novio.

Igualdad busca con la reunión acelerar los cambios que Interior ya prepara en el sistema VioGén, el programa que tras analizar cada caso determina el grado de riesgo de la víctimas, muy centrados en ampliar la información sobre el agresor y en alimentar el algoritmo con datos aportados por servicios sociales, todo con el horizonte de afinar al máximo el nivel de peligro que corren la víctimas y sus hijos y las medidas precisas para su protección.

El segundo objetivo es ampliar recursos tanto entre los actores implicados en la protección como en el proceso judicial. Pedirán más agentes en los grupos policiales especializados y más unidades integrales de valoración forense, las que emiten los informes periciales que, junto con las recomendaciones del VioGén, permiten a los jueces tomar las medidas de protección personal y familiar hacia las maltratadas, que recogen pruebas contra el maltratador y que las acompañan en el proceso.

Igualdad cree que el paquete de reformas urgentes debe incluir también un aumento de medios de en los centros y servicios encargados de la detección precoz y la atención a las víctimas. El objetivo es doble. Ampliar prestaciones como la ayuda psicológica y diversificar recursos para dar una ayuda más personalizada, diseñada para rescatar a las víctimas más vulnerables, las de más edad, las de ámbitos rurales, las que sufren discapacidad o drogodependencias o las que su dependencia personal, familiar o económica es tan potente que no logran romper con su maltratador.

El cuarto bloque persigue mejorar la coordinación institucional. Engrasar la comunicación entre los departamentos implicados para impedir que se pierdan o ignoren datos y pistas que pueden evitar maltratos o crímenes y facilitar el acceso a la información común, que minimizaría errores y afinaría la protección.

Pilar Llop, al término del encuentro con los altos juristas, indicó que hay que ayudar a la víctima en cualquier caso, pero defendió que la denuncia es indispensable para dictar una orden de alejamiento y romper la cadena del maltrato. Apostó por seguir extendiendo los juzgados especializados y la unidades de valoración forense, apostó por aumentar el uso de las pulseras de control GPS -ninguna de las miles de usuarias ha sido asesinada- y aclaró que la acción que pretende poner en marcha Marlaska, comunicar a las parejas de maltratadores reincidentes sus antecedentes, aún no tiene el visto bueno de la Fiscalía, que estudia si puede vulnerar derechos.