«El ingreso mínimo vital no va a sacar ni a una sola persona de la pobreza»

Sin embargo, los recursos que provienen del Estado se verán reducidos para el próximo periodo. «La financiación pública es muy precaria y no podemos seguir atendiendo la gran demanda de los colectivos más vulnerables de este país», advierte Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, en una rueda de prensa celebrada con varios portavoces de la plataforma. «Demandamos una financiación estable y cubrir los gastos extraordinarios de la Covid-19». Según sus cuentas, la asignación estatal se reducirá unos 15 millones de euros con respecto a lo que les correspondería según el acuerdo de distribución alcanzado con el Estado, incluso recibirán menos que antes de la crisis sanitaria y social.

«En el IRPF se reduce el tramo estatal para poder enviar más recursos a las comunidades autónomas y a las entidades medioambientales y de cooperación, que supone una merma a las organizaciones de acción social», explica dice Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas. Pasarán de 48 a 42 millones, calcula Pérez. «Hay muchos proyectos que hemos propuesto con financiación del tramo estatal que no han podido ser atendidos, y para el 2020 serán más recortados. Pedimos mayor equilibrio».

Las ONG sociales solicitan que se les apliquen «medidas extraordinarias como las del sector de la automoción, con 3.000 millones de euros, por el empleo y el tipo de atención que genera», reclama Pérez, que cifra en 577.000 personas las que trabajan de forma directa en el sector social junto a 1,5 millones de voluntarios.

Aunque se podría inferir que el camino de las ONG será menguante, una vez que sea eficaz la nueva medida de ayuda directa implementada por el Ejecutivo, «el ingreso mínimo vital no va a sacar ni a una sola persona de la situación de pobreza», refuta Carlos Susías, vicepresidente de Políticas Sociales de la Plataforma del Tercer Sector. «Las personas en pobreza severa estarán algo mejor pero no van a salir de la pobreza. Pasarán de verdadera desesperación a una situación de necesidad».

En España hay 2,2 millones de personas en exclusión social y pobreza, mantiene la plataforma y todavía «es pronto para calcular cuántas personas necesitarán ayuda desde ahora», defiende Peiró. «Hay estimaciones de que se ha atendido al triple de personas. Realizamos el trabajo al que las administraciones públicas no llegan, y somos capaces de apalancar otras clases de recursos, de empresas y ciudadanos. No somos un lastre».