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Noelia, la joven de 24 años cuyo proceso para recibir eutanasia quedó paralizado por la oposición de su padre, ha declarado este martes haber sufrido «coacciones» por parte de su familia para que cambiara de decisión. La joven, que ha declarado ante la titular del Juzgado Contencioso Administrativo 12 de Barcelona, ha reiterado su deseo de recibir la eutanasia y ha asegurado que durante el proceso su familia intentó impedir que llevara a cabo su idea llenando su habitación «de rosarios y estampitas». «Quiero acabar dignamente de una vez», ha afirmado ante la juez.
Por el contrario, José María Fernández, el abogado de la Fundación Abogados Cristianos que representa al padre, ha negado que hayan existido coacciones, sino «solamente gente luchando por su vida y para que desistiera de su decisión».
A la salida del juzgado, Fernández ha afirmado que la joven tiene un trastorno obsesivo compulsivo con ideaciones suicidas y un trastorno límite de la personalidad que «vicia su decisión» y que la paraplejia que sufre, producida por un intento de suicidio, no le provoca ni dolor ni un padecimiento que sea insufrible, por lo que, en su opinión, no encaja en las causas que la ley exige.
Además de Noelia, en la vista han declarado siete especialistas médicos y forenses, que han manifestado de forma unánime que la joven tiene las «competencias conservadas» y no sufre ninguna alteración mental que merme su capacidad de decidir.
El juicio enfrenta a la Generalitat, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña, que en julio de 2024 dio luz verde a la muerte asistida -por unanimidad de sus 19 miembros-, y al padre de la chica, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.
La joven solicitó la eutanasia tras un intento de suicidio en octubre de 2022, que le provocó una lesión medular que afecta a su movilidad, y estaba prevista que se le practicase el pasado agosto. Sin embargo, la justicia la paralizó después de que el padre, representado por Abogados Cristianos, solicitara medidas cautelarísimas al juzgado para frenarla, argumentando que el consentimiento de la joven podría estar viciado por los problemas mentales que supuestamente padece, que puede caminar con ayuda de muletas y que puede mejorar de su lesión.
La juez suspendió la eutanasia de la joven al no apreciar «un padecimiento grave, crónico e imposibilitante», pese a que había recibido todos los avales médicos.
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