Jueces de violencia de género alertan de un «colapso total» al asumir también delitos sexuales

Estas secciones juzgaban fundamentalmente los casos en los que mediara conflictividad en una relación afectiva entre hombre y mujer que fueran parejas o exparejas, hasta que se promulgaron dos leyes –la de eficiencia del servicio público de justicia, proyecto estrella del ministro Félix Bolaños, y la de garantía integral de la libertad sexual; o lo que es lo mismo, la del 'solo sí es sí'.

«La novedad» radica, constata el escrito, en que los juzgados de los firmantes «comenzarán a conocer» de nuevos delitos «con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo entre las partes». «Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados», denuncian, en puertas de que se celebre el Día de la Mujer. Por este motivo, calculan que soportarán un 20% más de trabajo sin una «dotación presupuestaria» acorde.

Esta «reforma a coste cero» del Ministerio de Justicia, que entrará en vigor en octubre de este año, tendrá como «efecto inmediato» un «colapso total» en una «materia tan sensible» como «la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas», manifiestan togados de Vizcaya, Granada, Badajoz, Bilbao, Valencia, Murcia, Castellón, Logroño, San Sebastián, Oviedo, Coruña, Albacete, Madrid, Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Elche, Málaga, Gijón, Baleares, Canarias y Pamplona, entre otros lugares.

«Se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal, existiendo ya estudios que demuestran que los juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren. Y es que cuando todo es importante y urgente, nada es preferente», reprochan los autores del escrito.

Los denunciantes, que subrayan cómo desempeñan una labor «con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia», desmontan las supuestas buenas intenciones del Gobierno al poner en marcha la reforma. «Lo que no se cuenta a la ciudadanía», objetan, es que los juzgados «trabajan con una absoluta precariedad de medios», sin forense de guardia, sin asistencia a la víctima, sin dispositivos telemáticos de control eficientes, sin garantía de un letrado presente en la oficina judicial, sin 'salas Gesell' para menores ni salas de vistas con grabación.

«Tampoco se informa a la ciudadanía de que ese 20% de carga adicional se incardina en una materia que exige múltiples actuaciones, como entradas y registros e intervenciones telefónicas», y que requiere «atención directa y personalizada». Una asistencia que, enfatizan, empieza con el «tiempo y comprensión» que precisa una víctima cuando declara. «Lo que no se cuenta a la ciudadanía», inciden los jueces, «es que si esa mañana se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás pasaría a segundo plano. Lo que no se cuenta, en suma, es que todo esto exige tiempo, tranquilidad, sosiego. Que es precisamente lo que no se tiene». La reforma conducirá, concluye, a «una situación de saturación y colapso».