¿Hay una justicia para ricos?

Escribía la presentadora Mercedes Milá en su Instagram, al lado de una imagen del jugador, que «si pagas un millón de euros puedes violar», mientras el actor Jaime Lorente defendía que «los delitos se tienen que pagar en la cárcel», y Ester García buscaba, al parecer sin éxito, «una explicación legal» -más allá de la económica- a las razones que han permitido al lateral derecho brasileño recuperar la libertad tras pasar 430 días entre rejas. «No la encuentro», admitía la letrada de la víctima tras hacerse público el fallo que condena al acusado a cuatro años y medio de prisión, una pena menor de la solicitada por la Fiscalía, de 9 años, y la acusación particular, de 12. Ambos recurrirán el fallo, lo que podría prolongar hasta dos años el proceso.

Estas son algunas de las afirmaciones que se han escuchado en la calle. La discusión jurídica entre las partes se ha centrado en la atenuante de reparación del daño que los magistrados aplicaron a Alves por haberse comprometido a abonar 150.000 euros de indemnización a la joven aunque no fuera condenado, lo que sirvió para reducirle la pena. Una decisión que, afirman las acusaciones, no procede, mientras la defensa considera que el castigo para el brasileño debería rebajarse todavía más.

El abogado penalista Ramón Amoedo coincide con García en que se ha hecho una justicia para ricos. Dice que la atenuante considerada por el tribunal «es muy cualificada» y que comparada con otros casos produce «cierta desazón por la diferencia de trato». Pone como ejemplo un proceso que él mismo ha llevado recientemente «por un tema de abuso, que se ha saldado con una pena de seis años de cárcel porque no se ha podido reparar el daño, mientras que aquí, habiendo existido violencia e intimidación, la antigua agresión sexual, se le imponen cuatro años y medio. Eso es algo que el ciudadano no entiende, que mi cliente no entiende», lamenta.

Para el letrado gallego, el tiempo que Dani Alves ha permanecido en prisión preventiva ha sido «excesivo». Quizá por eso, apunta, «se le haya querido compensar» con una rebaja de pena que considera «brutal». «No quiero decir que los tribunales favorezcan a los ricos, pero es evidente que la gente con dinero cuenta con más facilidades para ver reducida su condena», indica. «Y eso ocurre con cualquier tipo de delito. Vamos a poner el caso de uno económico, de defraudación tributaria... Muchos procedimientos penales se solucionan con dinero», insiste.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, huye del debate sobre si la balanza de la justicia se inclina más del lado de los poderosos. En el caso del exlateral del Barça, sostiene, «el problema no es ese. El problema está en que el legislador ha considerado como atenuante la reparación total o parcial del perjuicio causado incluso antes del juicio oral. Y no ha matizado para qué clase de delito». El jurista coruñés defiende que siempre que se trate de una falta contra la libertad sexual el tribunal «debe reflexionar sobre si esta atenuante es de aplicación íntegra. Mientras no lo haga, no se pueden hacer distinciones entre ricos y pobres», advierte.

«Es una simplificación ver esta cuestión en términos de que alguien elude a la justicia pagando. La igualdad en la justicia es un principio capital y hay que hacer los máximos esfuerzos para que eso sea así», señala, por su parte, Josep María Tamarit, catedrático y profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). No obstante, ve como algo «lógico que haya preocupación cuando se producen desviaciones respecto a este ideal, que las puede haber, naturalmente».

Según indica el experto en Derecho Penal, la reacción que se ha dado en ciertos ámbitos por el polémico caso del brasileño responde al hecho de que el jugador «haya podido eludir la prisión provisional con el pago de una fianza. Pero hay que recordar que la prisión provisional no es más que una medida cautelar y excepcional. El tribunal tiene que ponderar los riesgos, como el de que el acusado se sustraiga de la justicia, y puede pedir la fianza que considere adecuada para evitar ese riesgo. Y el hecho de que sea una persona con mayor capacidad económica lleva al tribunal a que la fianza sea más alta, y esta es muy alta».

En cualquier caso, el depósito al que ha tenido que hacer frente Alves apenas representa el 2% de su patrimonio, que la web 'CelebrityNet Worth' cifra en unos 55 millones de euros. Tampoco ha sido el más abultado entre los decretados por la judicatura española. En 2021 el empresario y ventrílocuo José Luis Moreno evitó entrar en prisión tras cubrir con un aval hipotecario la fianza de tres millones de euros que le fue impuesta por un delito de estafa. La misma cantidad que tuvo que desembolsar el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente con José maría Aznar, Jaume Matas, a quien el juez José Castro, instructor del 'caso Palma Arena', impuso en 2010 un aval de otros tres millones.

Los casos de corrupción en los que los acusados han evitado la cárcel a cambio de dinero son numerosos. También los episodios de agresiones sexuales y violaciones que se han resuelto «con sentencias muy rebajadas e incluso procesos de conformidad, a veces con acuerdos entre la defensa y el fiscal para el pago de un dinero», admite Josep María Tamarit. Así, en febrero de 2022 trascendió que la reina Isabel II de Inglaterra ayudaría al príncipe Andrés, su segundo hijo, a pagar 14 millones de euros a Virginia Giuffre, la mujer que lo denunció por supuesto abuso sexual cuando era menor de edad, tras el acuerdo extrajudicial alcanzado entre las partes. Giuffre había sido víctima del empresario pederasta Jeffrey Epstein, que llegó a ofrecer hasta 100 millones de dólares (92 millones de euros) para salir de la prisión. Pero en este caso no hubo trato y el multimillonario acabó suicidándose en su propia celda tras 36 días de privación de libertad.

Tuvo más éxito en su empeño el director de cine Roman Polanski a quien en noviembre de 2009 el Tribunal Federal suizo dejó en libertad bajo fianza de tres millones de euros. El cineasta había sido arrestado años después de que huyera de una sentencia dictada por un legislador estadounidense por mantener relaciones sexuales con una joven de 13 años en 1977.

Las víctimas. Eso es lo que más preocupa al juez Martín Pallín, quien ha echado en falta que tras la polémica sentencia del 'caso Alves' «nadie haya tocado este aspecto». «En este momento el sistema se tiene que volcar con la víctima y evitar por todos los medios que se perpetúe una victimización que puede afectar a su vida durante mucho tiempo», afirma. Una idea en la que abunda el catedrático de la UOC. «No basta con la atenuante de reparación. El hecho de pagar una cantidad tiene que ir acompañado de otros elementos que supongan una reparación moral a favor de la víctima. Y ahí es donde podría discutirse si la sentencia de la Audiencia de Barcelona fue adecuada». Tamarit considera «muy discutible» que pueda valer como reparación la consignación de una cantidad «por si a uno le condenan, al tiempo que uno no reconoce los hechos, pudiendo aumentar así el dolor de la víctima. Eso es rechazable en términos generales si no va acompañado de un reconocimiento».