«No es lógico que un juez tenga que decidir si el niño va a inglés o a judo»

Los conflictos a la hora de elegir el centro escolar (público, privado o concertado) representan el 26% del volumen de enfrentamientos, mientras que las discrepancias sobre las extraescolares (por ejemplo si el niño tiene que ir a clases de inglés o de judo) alcanzan el 21%. Le siguen los asuntos relacionados con los tratamientos psicológicos (el 19%) y los asociados al cambio de residencia (el 16%). También hay un 7% de desavenencias de índole religioso, como la celebración de la Primera Comunión. Así lo refleja el informe 'Principales motivos de desacuerdo en la crianza de los hijos', elaborado a partir de las respuestas remitidas por los más de 2.700 letrados que forman parte de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), y que se ha dado a conocer este sábado en el marco de las XXXI Jornadas Centrales de la Aeafa.

Los letrados creen que los progenitores podrían recurrir a mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos antes de llevar sus disputas ante un juez o un letrado de la administración de justicia (los antes conocidos como secretarios judiciales). Actualmente, muchos de estos desacuerdos se suelen resolver mediante el llamado Expediente de Jurisdicción Voluntaria, que son procedimientos rápidos que no requieren de un proceso contencioso. Pero, según los abogados de familia, estos expedientes «ponen en evidencia» la incapacidad de los progenitores de llegar a acuerdos y obligan a intervenir al juez. En estos casos, ambas partes deben explicar el beneficio de su postura para su hijo, y el juez, después de oír a los padres, otorgará la facultad de decidir a uno de ellos.

«En muchas ocasiones se abusa de la jurisdicción voluntaria, en tanto que estas decisiones relativas a los hijos las deberían tomar los padres y no plantearlas ante un juez o al letrado de la administración de justicia», afirma Beatriz de Pablo, recién elegida vicepresidenta de la Aeafa . «Suele ocurrir que uno de los padres se opone sin motivo alguno, solo por llevar la contraria. Al analizar la disputa con detenimiento, no se observan razones de peso para oponerse a una ortodoncia, una actividad deportiva o una clase de idiomas, por citar ejemplos cotidianos», ilustra De Pablo. «No parece lógico que un juez, con la carga de trabajo que tiene y la cantidad de procesos judiciales que se instan en este país, tenga que decidir si un niño, que no es su hijo, deba ir a inglés, francés, flauta o judo», zanja la letrada.

Según el informe, en el ámbito de la educación, además de la elección del centro escolar, también resultan frecuentes las desavenencias relacionadas con la compra de un ordenador; la elección de un modelo educativo público, privado o concertado; la realización de estudios en el extranjero; la elección del alojamiento por los gastos que comporta (colegio mayor o piso compartido); o la autorización para expedir el pasaporte.

Respecto a los gastos extraordinarios que originan expedientes de jurisdicción voluntaria, destacan las decisiones sobre las actividades extraescolares, deportivas y culturales que deben realizar los hijos. Aquí se incluyen las clases particulares para paliar el déficit académico, pero también otros desembolsos como quién paga el carné de conducir, los viajes al extranjero para aprender idiomas o los campamentos de verano.

En cuanto a los tratamientos psicológicos, cuestión que ocupa el tercer lugar en el ránking de desacuerdos entre los progenitores, esta falta de consenso se produce a la hora de ver quién decide si el menor acude o no a la terapia mental y qué profesional la realizará, si un psicólogo o un psiquiatra. Eso sí, existe una excepción que no requiere el consenso de los padres. Cuando una mujer está recibiendo asistencia por una situación de violencia de género, podrá llevar al niño al psicólogo sin consentimiento del otro progenitor.

El documento presentado este sábado también incluye una evaluación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), una serie de herramientas extrajudiciales que podrían resolver muchas de estas discusiones entre exconyúges sin necesidad de tener que recurrir a un juez. Sin embargo, en este ámbito existe un largo camino por recorrer puesto que cerca de la mitad de los clientes (el 44%) desconfían de estos medios alternativos, y esperan que sus asuntos sean solventados mediante resolución judicial.

«Nuestro código deontológico nos impone la obligación de procurar el acuerdo entre las partes y, aunque los abogados de familia lo intentamos, muchas veces es el propio cliente el que no está 'dispuesto'. Se confunde un espíritu conciliador o pragmático con debilidad», apunta en este sentido Álvaro Iraizoz, secretario de la Aeafa.

«La vía judicial tendría que representar el último recurso y, sin embargo, muchas veces se erige en el primero. Una vez que el cliente se halla inmerso en un conflicto legal y se pone en manos de un abogado, a menudo lo que quiere es derrotar al contrario sin concesiones», insiste Iraizoz. De ahí que en el 44% de los casos en los que el abogado propone la negociación extrajudicial, el cliente decline y prefiera que se ejerza la tutela judicial efectiva de sus intereses ante un juzgado.

Tanto desde la magistratura como desde la abogacía especializada, se incide en la importancia de los MASC, que en el ámbito del derecho de Familia, abarcan la mediación, el derecho colaborativo y la conciliación privada. Iraizoz tiene una teoría de por qué la mediación u otros mecanismos alternativos no acaban de despegar en España: «Estamos impregnados de una cultura de la confrontación más que del diálogo. La mediación u otros métodos de resolución de conflictos requieren de importantes dosis de negociación, interlocución y pragmatismo, que muchas veces no solemos tener».