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antonio corbillón
Martes, 30 de enero 2018, 07:33
Más de 4.000 folios repartidos en 12 tomos que algún día serán materia de inspiración de algún escritor de novela negra, subgénero corrupción policial. Ocupan una estantería entera y reúnen el trabajo de 21 meses de Eva Armesto, una meticulosa jueza de Orense que ... está cerca de resolver la espiral de caos y ‘guerra interna’ de la comisaría de la Policía Nacional de la siempre tranquila capital de la Galicia interior.
Luchas intestinas que, desde abril de 2015, se han saldado con un policía muerto (por un sospechoso suicidio), seis agentes imputados por corrupción policial, más de una docena de investigados y el descabezamiento de todo el Grupo de Estupefacientes.
Un complejo puzzle con causas abiertas en tres juzgados distintos pero cuyas piezas para cerrarlo parece haber encontrado la jueza Armesto. Y las dos principales son los gemelos Roi y Bernardo de Prado Lahoz, agentes del Cuerpo desde hace 24 años, y sobre los que finalmente parece que va a caer la responsabilidad de casi todo.
Roi y Bernardo detenidos el 19 de enero y puestos en libertad dos días después tras pagar una fianza de 60.000 euros cada uno, tienen que acudir cada día a su comisaría de toda la vida de As Lagoas a firmar para evitar acabar en prisión. Su abogado recurrió este lunes las órdenes de entrada y registro de sus tres casas (Toén –Orense–, Ribeira –La Coruña– y Madrid). El letrado insiste en que todo lo que incrimina a sus clientes «son pruebas circunstanciales». Pero los tres esperan con inquietud los resultados de las pruebas de ADN que les hicieron el jueves, que, de confirmar que las huellas de sangre encontradas en el coche de los gemelos coinciden con las que tenía el cadáver de su compañero muerto, podría llevarles al banquillo acusados de asesinato.
La jueza Eva Armesto mantuvo durante 21 meses en secreto sus investigaciones. A falta de las pruebas de ADN y de balística (se hallaron huellas en el arma junto al cadáver de Blanco) en su primera orden de detención contra los hermanos Bernardo y Roi de Prado, dice que «existen indicios» para imputarles por ocho delitos perpetrados «de forma conjunta y planificada». Serían: robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, denuncias falsas, injurias y calumnias. El último es el más grave: se les investiga por «presunto homicidio en relación al agente fallecido».
Sábado, 9 de abril de 2015. El agente César Blanco, 48 años, sale de la casa que comparte con su madre para comprar algo de marisco. El domingo celebran una fiesta familiar. Antes se pasa un rato por su despacho de jefe de prensa y participación ciudadana de la quinta planta de la comisaría As Lagoas.
Lo que hay finalmente el domingo es su sepelio. Esa noche encuentran su cuerpo, con una bala de entrada y salida en su cabeza. Sobre la mesa, la pistola Hecker&Koch USP Compact reglamentaria con la que, al parecer, se ha quitado la vida. Nadie entiende los porqués de un profesional «afable, responsable y con buena prensa» entre sus colegas.
Pero todo parece cuadrar cuando, en sus horas finales, expía por correo electrónico y whatsapp sus supuestos pecados. Se declara culpable de la desaparición de seis pistolas y revólveres en un doble robo en la armería ocurrido meses antes. Una de las armas fue la que le segó la vida. Otras dos están junto a él. Del resto, ni rastro.
Aquel robo fue acompañado de mensajes anónimos, dentro del Cuerpo y en la prensa local, dando cuenta de una red corrupta que compraba a confidentes del mundo de la droga pagándoles con esas armas. La investigación interna se llamó ‘Operación Zamburiña’ y tiene a cuatro compañeros de Blanco y de los gemelos De Prado Lahoz imputados.
Nadie dudó del suicidio como móvil. La muerte de Blanco, ahogado en la culpa, explicaba y ponía fin al descontrol general. Los hermanos dieron el pésame a la familia. Pero, poco después, Bernardo (44 años), jefe directo de Blanco, se acogía a una jubilación permanente por problemas psicológicos. Su hermano, Roi, dejaba la jefatura del corrompido Grupo de Estupefacientes y se marchaba de instructor de tiro a la Academia de la Policía Nacional en Ávila.
A la jueza Armesto no le cuadraban tantas pruebas contra Blanco. Parecían ‘fabricadas’. Tampoco que su despacho se limpiara al día siguiente, que el arma fatídica no tuviera cargador y que no apareciera el casquillo. Cuando se descubre que los mensajes autoinculpatorios de Blanco han salido del ordenador de su colega y jefe en el mismo despacho Bernardo de Prado, el cerco se estrecha sobre la pareja.
Son dos gotas de agua vitales y profesionales. Entraron a la vez (a los 20 años), llegaron a inspectores juntos. Dicen en su pueblo de Toén que «son poco sociables». Pelo casi al cero, gafas de miope, cuesta diferenciarlos. Cuando son detenidos el pasado día 19 (uno en Ávila, otro en Orense) se presentan a declarar con la misma ropa. Sólo los muy cercanos saben quién es quién.
Efectivamente, esas pruebas de ADN (ellos dicen que la sangre hallada era de cerdo) despejarán quiénes son en realidad. En su comisaría dan por cerrados todos los casos de novela negra recientes. En el entorno de César Blanco, sus representantes legales admiten que «la familia sentirá un cierto alivio al confirmarse que no fue un suicidio».
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