La Mancha no quiere oler a cerdo

En España se sacrificaron 53 millones de cerdos en 2023. Más que habitantes tiene el país. Fueron 4,8 millones de toneladas de carne las que se pusieron en el mercado. Y no solo el español, claro está. Más de la mitad de la producción -2,7 millones de toneladas- fueron exportadas. Casi a partes iguales, entre la Unión Europea, sobre todo Francia, y países extracomunitarios, con China a la cabeza como principal consumidor de cerdo español. Para situarse en la tercera posición del podio mundial de «líderes del mercado porcino», como lo califica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un informe de julio de 2024 que arroja los citados datos, hay desplegadas unas 82.000 granjas en nuestro país.

No son pequeñas explotaciones familiares, sino industrias de cría intensiva de cerdos. Según datos del propio sector, este es el modelo en un 93% de los casos por «cuestiones de rentabilidad». 6.500 están sometidas a un régimen especial de vigilancia de sus emisiones contaminantes -metano y CO2, principalmente-, por el Ministerio de Transición Ecológica, por tener en sus pocilgas más de 2.000 cerdos de cebo -para engorde- o 750 madres reproductoras.

¿Qué resulta de tamaña industria? Además de un importante negocio -factura 38.000 millones de euros y genera más de 400.000 empleos directos e indirectos-, una ingente cantidad de residuos que gestionar.

Concretamente, y según calcula la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap), son 70 millones de toneladas anuales de excrementos y orines -purines o deyecciones, como se dice técnicamente-, a las que hay que buscarles un destino apropiado.

Y no solo porque apesten, sino porque, en exceso, contaminan. Están cargados de nitratos que, aunque fertilizan el campo, si se abusa de su aplicación, adulteran los acuíferos. De hecho, como recuerda Miguel Ángel Higuera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), tienen un tope legal para ser aplicados -«ahora se 'inyectan' en el terreno, no se esparcen con difusores para rebajar el olor»- a modo de abono.

Solo está permitido poner 170 kilos de nitrógeno por cada hectárea de suelo. Desde Adap calculan en un informe: «Una granja mediana con 100.000 toneladas de purines al año requiere 1.800 hectáreas de suelo, o lo que es lo mismo, 3.600 campos de fútbol, para aplicar correctamente y sin riesgo este residuo».

La ganadería no es la única fuente; cierto. Se reparte con la agricultura la responsabilidad en la aplicación de nitratos para fertilizar. Las normas y los límites existen. Pero algo falla.

España tiene un problema constatado con la contaminación de sus aguas por nitratos. Sin ir más lejos, en marzo de 2024 el Tribunal de Justicia Europeo multó a nuestro país por este motivo. Según datos del Miteco, que vigila este problema, Aragón, Cataluña y Castilla y León son las zonas más tensionadas por este tipo de contaminación acuática, seguida por Castilla-La Mancha. Coinciden con los territorios donde el despliegue de la ganadería intensiva es mayor.

Todas estas cifras dimensionan la importancia, pero también la responsabilidad medioambiental, de una industria que, lejos de retroceder, aspira a crecer. ¿Y qué región tiene más predisposición a darle cabida? La Mancha.

Hasta enero de 2025, esta fue la única comunidad autónoma que puso coto a la expan sión de la ganadería intensiva en el año 2022. «La tremenda presión vecinal», apunta el conquense Antonio Jorge, uno de los portavoces de la plataforma StopGanaderíaIndustrial -integrada por un centenar de asociaciones vecinales y ecologistas- dio lugar a una moratoria que prohibía nuevas granjas o la ampliación de las existentes. «Vieron -añade- que el tema se les escapaba de las manos por la gran protesta social».

Los vecinos pedían, y piden, que el veto fuese «definitivo». Porque, dicen, «1,9 millones de cerdos ya son suficientes para la región». No quiere alcanzar el nivel de Aragón o Cataluña. Pero el gobierno autonómico cree que hay margen para crecer.

Así, este mes ha dado por finalizada la moratoria que tenía paralizados 61 proyectos, tal y como han confirmado fuentes de la dirección general de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha a este diario. «Estamos contactando con ellos para informarles de la nueva situación y que decidan si continúan adelante con los poryectos», dicen.

La nueva norma obliga a las ganaderías de más de 2.500 cabezas a tratar sus purines en plantas de biogás y prohíbe el vertido directo. «Las de menor tamaño no requieren de ningún tratamiento», advierten. Pueden seguir aplicándolos en los cultivos como abono, dentro de los citados límites legales. Eso sí, tendrán 10 años para adaptarse.

Esta novedad, que desde el gobierno jalean como pionera en España para «valorizar los purines como fertilizantes» y para «asegurar una gestión efectiva y adecuada», cuyo plan está ahora en fase de desarrollo, ha dado una nueva dimensión a la indignación vecinal. A cada día que pasa salta la protesta de un pueblo que se manifiesta en contra de la apertura de una planta de biogás. En La Mancha y fuera de ella.

Para la citada plataforma vecinal, ganadería industrial y plantas de biogás van de la mano con la nueva norma. De hecho, temen un efecto llamada. Higuera afirma que es al contrario: «Muchos ganaderos han parado los proyectos porque la normativa, que es absolutamente desproporcionada e incoherente, les resta competitividad».

El biogás se obtiene de 'digerir' en 'tanques-estómagos' residuos orgánicos. Los purines, pero también la fracción orgánica de los vertederos. Para los ganaderos, he aquí la clave: «Lo que necesita la región son las plantas para tratar bien sus residuos. Pero queda bien decir que es para quitar el olor a purín», defiende Higueras.

A nadie satisface el nuevo marco normativo. La asociación que los representa a las empresas de biogás (Aebig) no hizo declaraciones a este diario. Su presidente, en un artículo que escribió recientemente, defendía que el sector es clave para la descarbonización y aliado del sector agroganadero al transformar residuos en combustible menos contaminante.

Pero generan rechazo en los pueblos, como ya pasó con los parques eólicos, con las plantas fotovoltaicas. Desde el gobierno manchego creen que esto es fruto del «desconocimiento» porque las plantas nuevas cuentan con mejores tecnologías para reducir su impacto, lo que «vigilarán».

Tras este «discurso verde», para la plataforma vecinal «hay una gran avidez inversora difícil de frenar» y dudan de las promesas. «Es difícil que pueda controlar los olores de 210.000 toneladas de basura yendo y viniendo en camiones», apunta el portavoz de los vecinos, que temen perder la calidad del aire del que presume la España rural.

El decreto plantea distancias mínimas a las poblaciones. «¿Pero -concluye el portavoz- qué harán las de 300 vecinos? ¿Y quien tenga una casa rural aislada? No tienen capacidad de movilización. Se 'comerán' la planta y la macrogranja. Que no nos tomen por tontos. No tenemos porqué pagar sus beneficios».