La mecha del odio

Este hombre de ideología ultra se sale del estereotipo. «La mayoría de delitos de odio no los cometen personas vinculadas a grupos extremistas», suele argumentar el fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.

El servicio de Aguilar, primer fiscal español especializado en la materia, anunció el lunes que acusará por odio a Jordi Hernández Borrell, el profesor de la Universidad de Barcelona que se explayó a gusto el domingo en Twitter contra el candidato socialista en las elecciones catalanas, Miquel Iceta: «ser repugnante», «impostor que tiene los esfínteres dilatados...».

Las disculpas posteriores y el borrado de la prueba no le evitarán a Hernández Borrell la imputación por dejarse llevar por su homofobia para agredir socialmente al político Iceta. Pero, en este caso, el agresor sí entra en uno de los prototipos de delincuencia por odio. Asegura Aguilar que «a menudo son personas que antes hacían estos comentarios en el bar tomando una cerveza y ahora los hacen en las redes sociales, con la diferencia de que ahora llegan a miles de personas».

Borrell atribuyó su tuit a «una metedura de pata» puntual. En cambio, Luis Fernando de Reyna y Tomás Santos entran en la tipología de 'heaters' ('odiadores'). «Los que se dedican de forma industrial, casi profesional, a fabricar y sembrar el odio», explica el fiscal Aguilar. La Audiencia Nacional confirmó ayer una condena de un año y un año y medio de cárcel, respectivamente, para De Reyna y Santos por humillar en Twitter a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M en Madrid. En sus perfiles 'Tannhuser' y 'Arriba España!' vertieron innumerables insultos y vejaciones contra Manjón.

Será casual, pero Víctor Laínez era catalán, lugar de residencia de su presunto agresor, aunque el crimen ocurrió en Zaragoza. También lo son Iceta y Hernández Borrell. Y es que Cataluña se ha convertido en el epicentro de las denuncias de delitos de odio en varias de sus tipologías. El año pasado esta comunidad acumuló 282 de las 1.272 que registró el Ministerio del Interior.

Pero la agudización del conflicto político (y civil) catalán romperá todos los techos en 2017. Sólo tras los incidentes del fallido referéndum del 1 de octubre se acumulan en las Fiscalías de esa comunidad más de 150 denuncias. Hay varias contra los autores de las amenazas a los Cuerpos de Seguridad del Estado para que abandonaran sus hoteles: concejales de sus pueblos, bomberos, vecinos... También contra profesores de colegios que explicaban en sus aulas que «la Guardia Civil es mala y pega a la gente».

Es una materia «extraordinariamente fina y compleja», reconocen los juristas. Salvo los casos que acaban en violencia o tragedia, como el de Víctor Laínez, se alimentan en lo que el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz Lago llama «el falso escenario que sitúa los delitos de odio ante las libertades de expresión, manifestación y reunión».

En esta idea incide mucho la presidenta de la Asociación de Jóvenes Abogadas de Málaga, Mara Monreal. Lleva años visitando los centros escolares para dar charlas y advertir a docentes y alumnos sobre los peligros del uso de las redes sociales sin control. «La sociedad está normalizando conductas de una impunidad ficticia. Ahora que están llegando las condenas, la reacción de muchos es decir 'qué exagerado, ni que hubiera robado o pegado a alguien'».

Racismo, discapacidad e ideología encabezan los motivos de las denuncias que se presentan cada año y que, desde hace cuatro, el Ministerio de Interior incluye en un informe específico, lo que demuestra su creciente peso en el trabajo policial. Aún debería ser mucho más voluminoso. El 80% de los delitos de odio no se denuncian, ni en España ni en el resto de Europa, según el último informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.

Pero las 'cenicientas' son los casos que agreden la orientación sexual o contra el género. Porque son los que menos llegan a las mesas de los fiscales. Miguel Ángel Aguilar fue pionero al centrarse en este tipo de delitos en 2009, pero ya hay uno en cada Fiscalía provincial desde 2013. Hoy se reúnen todos en Madrid para coordinar mejor su trabajo global.

En un país como España, con una media de 70 mujeres asesinadas cada año en el seno familiar, sorprende que no se incorporara el delito de odio de género hasta hace un par de años, en la última reforma del Código Penal. Lo sabe y lo ha padecido María Martín, expresidenta de Abogadas por la Igualdad. Su despacho ha presentado en Oviedo la primera querella en España por odio contra la mujer.

El acusado es un psicólogo forense que, en sus informes en denuncias de abusos sexuales contra exmaridos o en casos de separación, incluía comentarios como «mentirosas» o que actúan «por intereses espúreos». «Hay tan poca jurisprudencia que la dificultad está en las pruebas. Hay que trabajar el triple e hilar fino otro tanto», reconoce esta letrada.

Por eso, todo el estamento jurídico -jueces, fiscales y abogados- reclama un mayor esfuerzo del sistema policial y legal para revertir ese porcentaje de cuatro de cada cinco delitos de odio que no se persiguen. «He tenido casos claros que se han perdido por mala tramitación o desconocimiento», lamenta Mara Monreal.

«Los delitos de odio siguen siendo los grandes desconocidos para la Administración de Justicia y eso repercute en su persecución y en la atención a las víctimas», denuncia Charo Alises, responsable jurídica de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Para intentar paliarlo, María Martín presenta hoy en Madrid, junto a su colega Elena Ocejo, la primera guía para aplicar la igualdad de género en la Justicia.

Pero hay un trabajo que llevará más tiempo. «Falta educación social. La justicia debería ser siempre el último recurso. ¿Agravar las penas? Lo que necesitan los agresores son cursos de reorientación», coinciden las letradas Martín y Monreal.

Ante la enorme casuística existente, el mayor experto en España, el fiscal Miguel Ángel Aguilar, reclama una Ley de Igualdad de Trato, ya que «no todos estos comportamientos tienen que estar en el Código Penal, pero todos tienen que tener una respuesta». Esa ley se parecería al Código de Circulación en que no todos los errores al volante son delitos. Saltarse un paso de cebra se queda en una multa. Triplicar el límite de alcohol es delito. También con el odio, evitar el 'semáforo rojo' de las penas sólo tiene un carril: «trabajar en la educación colectiva», remata Aguilar.