Un menor denuncia una agresión sexual y recibe ayuda legal gratuita tras declararse mujer en Valladolid

Ya en dependencias de la Policía, tras la declaración del denunciado, fue el turno de la víctima. El menor aseguró en ese momento que se sentía mujer y que quería ser tratada como tal, a pesar de que aún no ha iniciado los trámites en el registro civil para cambiarse de sexo, un procedimiento que ya podría haber gestionado tras la entrada en vigor de la 'Ley Trans' el pasado 2 de marzo por la que los españoles mayores de 16 años pueden cambiarse el nombre y sexo sin otro requisito que el deseo expreso del solicitante.

Y así fue. Presentó una denuncia detallada en femenino y por la que se le concedió el derecho a la asistencia letrada y defensa jurídica gratuita dirigida a mujeres y niñas víctimas de agresiones o abusos sexuales, pues de haber sido tratado como hombre, con la ley en la mano, los servicios del abogado se los tendría que costear personalmente.

Minutos más tarde llegó hasta dependencias policiales una letrada de oficio ya informada de «una presunta agresión a una joven» en la plaza de Portugalete, pues en ese momento desconocía que iba a asistir a un joven. El hecho le sorprendió al ver que la víctima, según reza en su Documento Nacional de Identidad, es un hombre. A pesar de esa circunstancia, la letrada finalmente prestó asistencia a la víctima, aunque ahora tendrá que consultar a la Junta de Castilla y León y al Colegio de Abogados de Valladolid si puede seguir con la defensa.

Una situación, en caso de tratarse de una mujer, amparada por el artículo 20 de la Ley 13/2010, del 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León y detallado en el acuerdo 130/2015, del 10 de septiembre de la Junta de Castilla y León, por el que «se establecen las directrices de funcionamiento en la región del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero'».

La defensa jurídica en Castilla y León en estos casos, tanto en agresiones como abusos sexuales, contemplan todos los procesos y procedimientos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de dicha agresión, de manera que «la víctima disponga de un abogado especializado en delitos contra la libertad sexual que la asista y defienda en juicio, con independencia de que tenga o no recursos para litigar». De esta forma, los servicios fundamentales son atención profesional física, telefónica o telemática; asistencia a la víctima en sede judicial o policial (como es el caso de la plaza de Portugalete); procedimiento penal; y recurso ante el Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, en su caso.