El miedo no es libre

El anciano se presentó con un revólver calibre 38, para el que no tenía licencia, y disparó dos balas, «disuasorias», dijo en el juicio, a los delincuentes que huían. Cuando llegó la Policía se encontró con el cuerpo de Jonás Cano, 26 años, muerto junto a la puerta. En la vista oral celebrada días atrás en la Audiencia de Tenerife se escucharon testimonios esclarecedores. Mercedes le dijo al jurado que «nos hubieran matado, sin posibilidad de huir». Y el otro atracador, Christian C., admitió sin rubor que «yo habría hecho lo mismo que Jacinto. Es más, no dejaría que se escapara ninguno, mataría a los dos».

Ni todo esto, ni el hecho de que la Fiscalía pidiera la libre absolución de Jacinto porque actuó en legítima defensa, han sido suficientes para que este octogenario salga indemne. Hasta la acusación particular, ejercida por la madre del atracador fallecido, entendía que la legítima defensa debía ser un atenuante.

El jurado dictaminó que no debió disparar en el interior de la casa «pues el lugar era pequeño y podía impactar en alguno de los presentes». También afirman en su veredicto de culpabilidad que Jacinto «podía haber utilizado otras alternativas igual de efectivas para salvar su integridad física y la de su esposa evitando la muerte».

El fallo ha dejado estupefactas a miles de personas que han llenado de mensajes las redes sociales. La mayoría se preguntan ¿qué más peligros hacen falta para que alguien pueda defenderse de una agresión así? Y se cuestionan la necesidad de reformar el Código Penal. Pero la respuesta está en el artículo 20 de esa misma ley, que habla de en qué circunstancias una persona está exenta de responsabilidad criminal cuando actúa para defenderse.

Todos los estamentos del mundo judicial español reconocen que, dictaminar sobre la legítima defensa, es uno de los más complejos retos del Derecho. Lo conoce bien el penalista Eduardo García Peña que logró evitar que condenaran a un cliente que mató de un navajazo en el cuello a uno de los cinco jóvenes que le estaban propinando una tremenda paliza. El jurado popular aceptó su tesis de la legítima defensa. «En un caso así se trata de determinar si el acusado tenía otras opciones y si podía optar por ellas», explica García Peña.

A pesar de aquel éxito procesal, este letrado es partidario de que esas «eximentes se analicen de forma restrictiva. No puede aceptarse que una persona ha matado a otra y no pasa nada, aunque la legítima defensa no siempre se puede considerar homicidio».

En la misma línea se pronuncia el magistrado y exportavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch Grau, quien considera que el actual Código Penal «no tiene problemas de definición legal» y sitúa el debate en «la proporcionalidad de los hechos y su valoración probatoria durante el juicio». Bosch Grau tiene claro que «si un atracador aparece con una bala en la espalda es difícil aceptar la legítima defensa. No se puede disparar sin más. Tiene que haber correlación entre la defensa y el daño que se quiere evitar».

El secretario de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y agente de la Policía Nacional, Antonio Cela, acota aún más los márgenes y habla de la «simultaneidad de la agresión». Sobre todo cuando hay armas de fuego. Recuerda el 'abc' de un policía: «En un cruce de disparos, si el delincuente deja de disparar, hay que cesar inmediatamente». Una máxima que vale también para un ciudadano de a pie. «Nos guste o no, nuestro ordenamiento jurídico no permite disparar a quien entra en tu casa», zanja Cela.

En el uso defensivo de la fuerza, tanto España como casi toda Europa Occidental son sociedades «muy restrictivas». «Nada que ver con el modelo anglosajón (especialmente Estados Unidos) que son mucho más flexibles al justificar la autodefensa. Lo llevan en su ADN», reflexiona el penalista García Peña.

Así se explica lo 'comprensivos' que son sus jueces con tantos casos de civiles muertos a tiros por los agentes, a veces por la espalda mientras huían o porque los uniformados creyeron ver la amenaza de un arma que a lo mejor era un simple hierro o un teléfono móvil, tal y como sucedió hace unos días con un ciudadano negro.

Ningún estamento legal español le concede sitio a este modelo. «Los ciudadanos nos podríamos convertir en jueces y ejecutores y la sociedad ya tiene medios para eso», reflexiona el criminólogo Cela. «No se puede caer en el ojo por ojo», insiste García Peña. «Alguna pena tienen que tener los excesos. Lo contrario sería justificar que todo vale a la hora de defenderse», completa el magistrado Joaquim Bosch.

En la jerga judicial de los que se enfrentan a un juicio por legítima defensa hay un 'comodín' que tarde o temprano se pone sobre la mesa: el 'miedo insuperable' de la víctima que se convierte en agresor. Entre el que se pliega a los deseos de su atacante y el que se revela y actúa «hay una enorme zona oscura del comportamiento humano», pone en contexto el doctor en Psicología y experto en comportamientos penitenciarios Santiago Redondo. Ante una prueba para determinar ese temor en un juicio, Redondo se cuestiona, de entrada, «el carácter automático, instintivo para sobrevivir, de un comportamiento».

En referencia al episodio vivido por Jacinto Siverio, este experto reconoce que «nadie estamos preparados para encontrarnos a alguien en nuestra casa». Pero incluso al analizar cada situación hay criterios objetivos: «En casos así, la clave es estudiar situaciones análogas y comparar en qué porcentaje las víctimas se han defendido de una forma u otra».

En esta línea, el especialista en Medicina Legal y Forense y decano de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I de Castilla, Aitor Curiel, tiene claro que «tanto la ley como la jurisprudencia de tantas sentencias tienen muy ajustados los límites de la intensidad de la respuesta a una agresión». Por eso considera que hay que demostrar que el miedo insuperable «es razonable y no patológico».

Volviendo a Jacinto Siverio, el tribunal popular descartó que hubiera miedo insuperable en su proceder, ya que mantiene el suficiente control para recordar que en su casa hay un arma, la saca del cajón y la usa para defenderse.

Pero más allá de las proporciones entre el miedo a los ataques inesperados y cómo nos defendemos de ellos. Y más allá de la venda que tapa los ojos de los sentimientos a la Justicia y su balanza, la sociedad seguirá poniéndose en el lugar de personas como el octogenario Jacinto Siverio, que ahora espera condena para saber si entra en prisión por defender su casa y a los suyos.