El móvil, a examen

Elevado porcentaje el francés, pero a la espalda del español. Aquí el 90% de los chicos y chicas de 14 años tienen un 'smartphone'. También la mitad de los niños de 11 años, según el último dato estadístico. Al igual que ha ocurrido con otras cuestiones, con su prohibición Francia ha reabierto un debate que no es de hoy, ni de ayer, «una polémica que surge de vez en cuando, dura unos días y luego pierde fuerza», se lamenta Maribel Loranca, profesora de Lengua y Literatura y responsable de Enseñanza de FeSP-UGT. Veremos. Lo que no va a suceder es que Macron y su ministro puedan arrogarse un papel pionero en este asunto. Es cierto que no existe una legislación al respecto en la Europa comunitaria, pero sí precedentes en el ámbito regional. Hace tres años que la Junta de Castilla-La Mancha vetó estos aparatos en los centros educativos como una las disposiciones de su Ley de la Infancia y la Adolescencia. La Comunidad de Madrid presentó un decreto similar el pasado mes de febrero. En España no hay lugar para una norma general, ya que «son las comunidades autónomas las que tienen las competencias educativas», recuerdan en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cada Gobierno local cuenta con su propia normativa básica, a la que deben atenerse los centros, pero cada uno de estos la adapta luego en su reglamento de régimen interior.

Por tanto, dentro de un mismo territorio o localidad hay colegios que consienten estos dispositivos, dentro de unas normas razonables de uso, y otros que no. Entre estos últimos, es habitual permitir su empleo en los recreos. No es el caso del IES Mare Nostrum, un instituto de Málaga que aplica desde este curso una prohibición completa del móvil hasta el segundo curso de la ESO; es decir, hasta el límite de los 15 años, igual que en Francia. «Pero ellos nos han copiado a nosotros», bromea José Luis González Vera, director de este centro de 850 alumnos que imparte clases desde Primaria a Bachillerato y Formación Profesional. En el Mare Nostrum, los jóvenes afectados «no pueden introducir en el recinto escolar ni el móvil ni ningún dispositivo electromecánico; los tienen que dejar en casa». Nada, pues, de guardarlos apagados en la mochila o en una taquilla. «Somos un centro de barrio. Todos los alumnos viven muy cerca. Solo en excepciones justificadas pueden dejarlo en conserjería y recogerlo al salir, pero entiendo que, cuando las distancias son mayores, la cosa cambia», detalla González.

La decisión fue tomada en el consejo escolar, donde tienen representación profesores, alumnos y padres, y ha sido «bien acogida» entre las familias. «Perseguimos dos objetivos principales -justifica el director del instituto-. Uno, que no tengan elementos de distracción en clase; y dos, evitar grabaciones dentro del reciento escolar que no tienen que producirse y luego, a veces, se distribuyen a través de las redes sociales». He aquí el quid del debate. Las faltas de atención en clase por juguetear con un móvil serán seguramente más numerosas, pero el daño que con ese ingenio puede provocarse a un compañero es un asunto mucho más grave. El 9,3% de los adolescentes españoles ha sufrido acoso escolar en alguna ocasión. 1.475 denuncias se presentaron en este país por tal motivo desde mayo de 2016 al mismo mes del presente año, según la ONG internacional Bullying Sin Fronteras. Se calcula que uno de cada cuatro casos responde a una práctica de ciberacoso.

«Tendemos a pensar que un móvil en manos de un adolescente no tiene demasiada importancia, pero hablamos de un instrumento que puede ser muy útil, aunque mal utilizado puede hacer mucho daño». Leticia Cardenal es la presidenta de CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado), un organismo que agrupa a «más de 12.000 centros públicos» españoles. Cardenal es una más de las múltiples voces sensatas que abogan por «formar a los menores en el uso y abuso de la tecnología» y, aunque sabe que es poco menos que imposible, le gustaría que «se aprobara una legislación nacional sobre este asunto».

Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada famoso por ser autor de algunas ocurrentes sentencias, es un firme defensor de la prohibición del móvil en los centros educativos «hasta los 14 años, que es la edad en que se puede pedir responsabilidad penal a un menor». En su opinión, «nos encontramos ante tres problemas: es una droga, un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos y, tercero, un instrumento muy peligroso para ser víctima de un delito». Ante esta radiografía, tiene claro que, «por desgracia, a veces hay que prohibir; estamos protegiendo a nuestros menores». Y, de paso, a los colegios. Porque, si no vetan los teléfonos, «se convierten en responsables civiles del delito que pueda cometer un menor en el centro».

Esta visión es compartida por los docentes en su generalidad, aunque muchos de ellos se muestran contrarios a conjugar el verbo prohibir. «Sería mucho más interesante utilizar estos dispositivos como una herramienta educativa que puede resultar muy útil, igual que los ordenadores o las 'tablets'», indica José Ruiz, secretario de Enseñanza Pública No Universitaria de Comisiones Obreras. «Lo bueno de la decisión francesa es que abre el debate de cómo vincular estos aparatos a las prácticas educativas». La orientadora y psicóloga Carmen Campuzano circula en la misma línea. «A partir de cierta edad, es una herramienta muy efectiva de apoyo al estudio y se le puede sacar un gran rédito educativo».

En opinión de Campuzano, un veto total «puede generar conflictos y fomentar una especie de clandestinidad. Se trata de regular cómo, cuándo y para qué utilizarlos». Eso sí, nada de permitirlos en la Educación Primaria, hasta los 12 años. Una restricción que también defiende la profesora y sindicalista de UGT Maribel Loranca, quien se suma además a la tesis pedagógica. «Prohibir es un poco poner puertas al campo -razona-. Desde Secundaria el móvil se puede incorporar como instrumento educativo en el proyecto del centro, igual que ocurrió con los portátiles o las pizarras digitales. Habría que plantearse para qué necesita un móvil un niño de doce años y educar al alumnado en un uso correcto». Y para esto «hace falta una implicación y colaboración estrecha entre padres y profesores». Que nadie mire para otro lado.