«Nunca se ha impuesto una sanción firme»

Abogado de derechos humanos y de derecho penal internacional, Castro propone medidas como criminalizar las prácticas que pretendan la supresión del «deseo homosexual o la imposición del celibato», proteger a las víctimas, amonestar la «información falsa», impedir las subvenciones públicas y disolver las asociaciones que las ejerzan. «Nunca se ha impuesto una sanción firme», dice Castro, que estudia procesos judiciales que se encuentran activos contra «comunidades evangélicas», el Obispado de Alcalá, Verdad y Libertad y varios profesionales vinculados a estas entidades.

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Como antecedente, Naciones Unidas desarrolló un documento en contra de estas prácticas, en 2020, realizado por su experto independiente Víctor Madrigal-Borloz, que habla de «sancionar y enjuiciar a los responsables y las vías de reparación para las víctimas».

«Las familias intentan reconducir a sus hijos por desinformación, prejuicios y miedo al entorno, un cúmulo de situaciones o experiencias», mantiene Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia Familias Trans Aliadas. «Es cuando llega alguien y dice que puede normalizar, entre comillas, a la persona, y dificultar menos su vida. Pero si hay situaciones que no comprendemos ni toleramos y te causan malestar, ¿no es mejor que tú como persona adulta vayas a terapia, en vez de enviar a un menor por no aceptarla?».