Pateras a todo gas

Las mafias dedicadas al tráfico ilegal de personas –y, en muchas ocasiones, también al de estupefacientes– encuentran en el Estrecho de Gibraltar una vía para lucrarse, aunque la presión de la vigilancia marítima les obligue a idear constantemente nuevos métodos para zafarse. Y, en este contexto, las motos de agua son en principio una fórmula rápida y más segura que jugarse el tipo en una balsa de goma abarrotada de desesperación y a merced del oleaje y las corrientes.

Este nuevo modus operandi trae de cabeza al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Las motos son difíciles de detectar por las cámaras y los radares, y en verano se ‘camuflan’ entre las numerosas embarcaciones, muchas de ellas de recreo, que navegan por estas aguas. A una velocidad de 90 kilómetros por hora, son capaces de recorrer los catorce kilómetros que separan la costa africana de la europea en apenas diez minutos. «En el tiempo que tardamos en movilizar una patrullera, a los pilotos les ha dado tiempo a soltar a los inmigrantes en la costa y regresar a Marruecos», lamenta José Encinas, portavoz en Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Pero estas ventajas tienen un precio, que dista mucho de los 2.000 euros por cabeza que pueden cobrar las mafias por el traslado en patera. Hasta 5.000 por viaje en moto acuática (unos 55.602 dirhams), una cantidad al alcance de pocos si se tiene en cuenta que el salario mínimo de Marruecos se sitúa en torno a los 2.330 dirhams, unos 210 euros. Esta era la tarifa que una organización criminal, desmantelada este mes con la detención de cinco personas, pedía por trasladar a las costas de Cádiz y Málaga a uno o dos inmigrantes en cada trayecto. Una vez en tierra, eran retenidos en un piso de Algeciras hasta que sus familiares completaban el pago, aseguran fuentes del Cuerpo Nacional de Policía. En ocasiones, a los contrabandistas también se les ha decomisado droga, que transportan adosada en los laterales del vehículo acuático, en dobles fondos o en las ropas de los ocupantes como forma de reducir el alto coste del viaje, «aunque los 600 euros que saquen por los dos kilos aproximados de hachís que puedan portar apenas les compensa», apunta Juan Fajardo, secretario local de la Confederación Española de Policía de Algeciras.

La estadística pone hoy de relieve un dato aún más inquietante: 87 de los 120 inmigrantes que se han jugado la vida cruzando el Estrecho en moto de agua son menores de edad (84 varones y tres mujeres). En muchos de estos casos, se trata de familias acomodadas de origen marroquí que están dispuestas a pagar esas cantidades y a renunciar a sus hijos con tal de que tengan un futuro mejor. «En Marruecos pueden vivir bien, pero sin los derechos y libertades que ofrece España y que desean para sus descendientes», resume Fajardo.

Un alto porcentaje de estos menores extranjeros no acompañados acaban quedándose en España una vez que consiguen entrar en el país, confirman diversas fuentes. El procedimiento de repatriación se inicia «cuando el interés superior del menor se satisface con la reagrupación familiar o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen», según establece el Ministerio del Interior.

Esta nueva modalidad delictiva complica aún más el trabajo de las fuerzas de seguridad destinadas a luchar contra el tráfico de drogas en el campo de Gibraltar. «Las mafias siempre van por delante y nuestros medios son insuficientes», denuncian al unísono desde la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Para intentar combatir con las mismas armas el tráfico ilegal de personas en el Estrecho, tres motos acuáticas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han empezado a utilizar este mes conjuntamente con el Servicio Marítimo de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Sin embargo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, advierten de que «no es la panacea» y que faltan medidas complementarias. Como ejemplo, explican que pilotar estas motos requiere de trajes de neopreno adecuados para la navegación y solo tienen seis para una unidad de 80 agentes (serían necesarios entre 40 y 60 equipos). «Y, por seguridad, estas motos deben ir acompañadas siempre de un vehículo auxiliar, ya que no podemos transmitir por radio ni llevar armas porque se mojan», argumentan fuentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.