La comisión de los delitos sexuales será paritaria tras el plante de sus miembros

Así lo anunció hoy el titular de Justicia, Rafael Catalá, después de que el presidente de la Sección Penal de la Comisión General de Codificación, que es el nombre de este órgano asesor para la elaboración de leyes, le comunicase que sus actuales miembros, 19 vocales permanentes varones, tres expertas en Derecho Penal reclutadas solo para este encargo, y la presidenta de la Abogacía Española, que es vocal nata, habían acordado por unanimidad que no iniciarían los trabajos que les había encargado hasta que el ministro aceptase reestructurar la sección para que tuviese una «composición equilibrada» de hombres y mujeres.

Los actuales 23 miembros acordaron el plante -suspender los trabajos hasta que Catalá no aceptase su demanda- en su primera reunión, después de hora y media de debate. Coincidieron en que el órgano, con una composición tan sesgada y desequilibrada por sexo, no estaba legitimado para trabajar ni en revisión del Código Penal ni para realizar cualquier otro encargo.

Los vocales, con esta decisión, expresaban a un tiempo el convencimiento propio y recogían la exigencia reiterada durante días por partidos políticos y organizaciones y colectivos jurídicos y de mujeres, que reclamaron que el informe técnico para actualizar los delitos contra la libertad sexual no podía realizarse por un comité sin apenas mujeres juristas, al tiempo que calificaban la composición del órgano, designado por libre elección de los ministros de Justicia, de «patriarcal».

La solución aceptada por el ministerio es que Catalá, en los próximos días, deberá nombrar tantos vocales permanentes femeninos para la Sección Penal como sea posible hasta alcanzar el máximo de 30 que permite su reglamento, de entre juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio de profesión o de experiencia docente e investigadora.

Teniendo en cuenta que los vocales estables son ahora 18 juristas -hoy ha dimitido el exfiscal general Javier Moscoso para dejar hueco a sangre nueva y el martes lo hizo el catedrático Francisco Muñoz Conde por desacuerdo con una posible reforma legal 'en caliente' que consideraba «demagógica»-, el ministro puede nombrar a un mínimo de 12 expertas permanentes.

La cifra podría ser mayor, incluso llegar al equilibrio del 15-15, si se producen en las próximas horas un mínimo de tres dimisiones más ente los actuales miembros estables. En cualquier caso, aunque no fuese así, Catalá siempre podría alcanzar una cuasi paridad momentánea manteniendo a las tres vocales adscritas ya nombradas para este encargo, que sumadas a las plazas permanentes y a la nata -la presidencia de la Abogacía- supondrían 16 mujeres frente a 18 varones.

Está por ver si el de hoy es el último sobresalto de esta comisión técnica, que está en el centro de la polémica desde que, tras encargarle Catalá la revisión del Código Penal, se supo que únicamente tenía hombres entre sus expertos fijos.

La solución que se buscó para salir del paso, nombrar varias expertas solo para este informe, fue abortada por la cartas públicas firmadas por la mayoría de las catedráticas de Derecho Penal españolas, que no solo rechazaron aceptar el encargo sino que exigieron la dimisión de los 20 vocales permanentes para elegir una nueva sección paritaria.

Fuentes ministeriales indicaron que aún no pueden precisar cuándo se harán los nuevos nombramientos y, por lo tanto, cuándo podrá reunirse por primera vez la nueva Sección Penal, pero creen que será pronto. Este parón podría retrasar la presentación de la propuesta de reforma de la tipificación de los delitos de abuso sexual y violación que Catalá pidió a los expertos para el 15 de junio.

El ministro, que es partidario de retocar el Código Penal, porque cree que el tribunal de La Manada debió condenar por violación y no por abuso sexual, espera que la propuesta de los expertos sirva de base para alcanzar un consenso parlamentario que cambie la ley.