La carne mechada Magrudis superaba entre 3.700 y 149.900 veces el nivel tolerable de listeria

El juzgado que investiga el brote de listeria que el pasado verano dejó cuatro muertos, siete abortos y más de 200 personas contagiadas tiene ya sobre la mesa el informe pericial que concluye que la carne mechada de la empresa Magrudis, origen del brote, presentaba dosis «exageradamente» altas de bacterias. En concreto, las concentraciones superaban entre «3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable» que la normativa permite en los alimentos.

El informe elaborado por un experto se convierte por tanto en la principal prueba de cargo contra los dueños de Magrudis, José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez, a los que la jueza considera responsables criminalmente de un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia y seis delitos de aborto por imprudencia, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número exacto aún está por determinar. Ambos permanecen en prisión preventiva, y hace unas semanas se les impuso una fianza por responsabilidad civil de cinco millones de euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones derivadas de este caso.

El documento es demoledor sobre la toxicidad de la carne mechada que causó la crisis y provocó contagios en varias comunidades autónomas. Los resultados analizados, señala el texto, no sólo incumplen la normativa vigente, sino que además «sobrepasan de forma exagerada los límites previstos como seguros« para la bacteria listeria monocytogenes en los alimentos. De esta forma, el perito considera que esas altas dosis de contaminación son «suficientes para provocar daños en las personas», desde «gastroenteritis aguda autolimitada, septicemia, meningitis y encefalitis u otros cuadros que afecten al sistema nervioso central, así como efectos adversos fetales y neonatales». Todos ellos síntomas descritos y acreditados por los afectados.

El informe analizó también las pruebas realizadas a las instalaciones de la fábrica de Magrudis en el polígono industrial El Pino de Sevilla, ya que todo apuntaba a que el foco podría haberse originado en el carro de horneado. El perito concluye que estas concentraciones «no incumplían la normativa porque no hay límite legal» para ello, es decir, no se regula nada más que la concentración en los alimentos, pero no en las instalaciones.

Pese a ello, el experto entiende que esas concentraciones en la fábrica pueden deberse a «contaminación cruzada», es decir, que se permitió que «los alimentos o cosas se depositasen sobre esas superficies y se contaminasen o recontaminasen». También podían deberse a la «falta de higiene o eficiencia en las operaciones de limpieza y desinfección de útiles, maquinarias y superficies». Y en tercer lugar, el experto apunta a que «además de permitir aquella contaminación cruzada, sirvieran de nicho ecológico como hábitat para un crecimiento de las colonias de listeria monocytogenes, facilitando que las bacterias se desarrollen en dichos nichos».

El informe añade argumentos en contra a la actuación de los dueños de Magrudis, que según aseguró un laboratorio con el que trabajaban, conocían desde meses antes que la carne estaba contaminada pero no la retiraron del mercado y se limitaron a limpiar las instalaciones, tal como declararían ellos posteriormente. La duda surge por tanto acerca de cómo pudieron alcanzarse tan altas dosis de contaminación, lo que arroja más sospechas sobre los autocontroles de la empresa y los realizados por las administraciones. Entre otras irregularidades, Magrudis inició su actividad sin contar con permisos sanitarios, licencia de actividad o estar siquiera inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA) de Andalucía.