El Congreso pone a la cola la regulación del uso terapéutico del cannabis

Las grandes expectativas que generó el invierno pasado la apertura de este debate en la Cámara baja entre las decenas de miles españoles que de forma clandestina utilizan con éxito preparados de marihuana para paliar los síntomas y los efectos secundarios de múltiples patologías, allí donde los fármacos legales habían fracasado, se han visto enfriadas poco a poco.

Son enfermos de cáncer tratados con quimioterapia, pacientes con dolores crónicos, con enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, la fibromialgia, la artrosis o la artritis, e incluso niños con epilepsias refractarias, entre otras dolencias. La marihuana y sus derivados, según sus testimonios y los de los expertos que los asesoran desde las asociaciones de pacientes, les reducen el dolor, disminuyen la ansiedad y facilitan el sueño, les devuelven el apetito, les levantan el ánimo, y minimizan, en su caso, los espasmos y convulsiones. Eso sí, todo desde la clandestinidad, sin control sanitario de lo que adquieren en el mercado negro, sin un control médico oficial de sus terapias, y con el riesgo permanente de ser multados con entre 600 y 10.000 euros si les descubren con las sustancias que llevan encima, cuya venta está penada en España y su consumo sancionado.

El 5 de abril pasado, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso acordó, con el respaldo de todos los grupos políticos, poner en marcha una subcomisión parlamentaria para analizar la posible regulación del uso terapéutico del cannabis, basándose en la experiencia en otros países y en la evidencia científica hasta ahora disponible sobre sus beneficios, como forma de determinar si su uso legal es conveniente o no antes de abordar la regulación.

Se trató ya de hecho de un acuerdo de compromiso, pues Ciudadanos, que fue quien a través del diputado Francisco Egea llevó el problema al Congreso, era partidario de instar de inmediato al Gobierno a legalizar el acceso a los tratamientos bajo indicación y supervisión médica y a autorizar el cultivo y la venta controlados. De iniciar un camino ya emprendido en Países Bajos, Alemania, Italia, República Checa o Estados Unidos, para lo que contaba con el apoyo de Unidos Podemos, pero no del PSOE y el PP, que exigieron la comisión de estudio, pues ni siquiera aún están convencidos de la bondad de convertir estos tratamientos en legales.

La solicitud de puesta en marcha de la subcomisión, sin embargo, ha tardado más de siete meses en hacerse efectiva. Se aprobó el martes pasado. Pero eso no asegura que los trabajos, que como mínimo se pueden dilatar unos seis meses, lo necesario para escuchar a expertos y afectados y elaborar unas conclusiones y propuestas, vayan a empezar ya.

Lo cierto es que más bien todo apunta a lo contrario. Ni tiene fecha de inicio, ni parece inminente. En la misma sesión de la Comisión de Sanidad del martes, los diputados aprobaron solicitar al Pleno del Congreso la creación de otras dos subcomisiones, una para analizar la viabilidad del sistema de la dependencia -un asunto que ya estudia un grupo de expertos por encargo de Gobierno y comunidades autónomas- y otra para estudiar el sistema de acceso público a los nuevos medicamentos.

Los parlamentarios, conscientes de que la Mesa de la cámara remite al Pleno con cuentagotas las solicitudes de subcomisiones, por haber ya once en marcha y varias en espera de creación, decidieron orientar a este órgano con sus prioridades. Votaron comunicarle que, como tendrá que poner las peticiones en cola, primero tramite la puesta en marcha de la subcomisión de dependencia, seguida por la del medicamento, con la del cannabis en último lugar.

En resumen, todavía nada asegura que esta subcomisión este funcionando en abril, un año después de que se acordase su creación. El ritmo del Congreso es muy diferente al de estos pacientes, agrupados en el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que en una reciente reunión instaron a los partidos a actuar ya, a través de un manifiesto bajo el lema: «El dolor no puede esperar». «Hay que normalizar la situación, porque solo queremos calidad de vida. Los políticos tienen que dejar de mirar para otro lado, porque somos personas, no narcotraficantes, y tiene que quedar claro que el cannabis es un medicamento», reclamó la presidenta del observatorio, Carola Pérez.